El Gobierno del presidente Rodrigo Paz oficializó este miércoles los nuevos precios de los carburantes en el país, como parte del denominado “Decreto por la Patria”, una de las medidas centrales del paquete económico anunciado para enfrentar la crisis y reordenar el sistema de subsidios.
El ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, confirmó en entrevista con Unitel que la nueva escala de precios entrará en vigencia inmediatamente tras la publicación del decreto en la Gaceta Oficial del Estado, poniendo fin al esquema anterior de precios subvencionados.
De acuerdo con la autoridad, la gasolina especial tendrá un precio de Bs 6,96 por litro, mientras que el diésel oil subirá a Bs 9,80 por litro, dos de los ajustes que tendrán mayor impacto en el transporte público, el sector productivo y la agroindustria.
En el segmento de combustibles de mayor octanaje, la gasolina premium fue fijada en Bs 11 por litro, mientras que la gasolina de aviación alcanzará los Bs 10,57, reflejando —según el Gobierno— los costos reales de importación y refinación.
Otros carburantes también fueron incluidos en la nueva estructura. El kerosene costará Bs 5,64 por litro, el jet fuel se fijó en Bs 10,74, y el gasoil en Bs 5,69, precios que apuntan a equilibrar el mercado energético y garantizar el abastecimiento.
Medinaceli precisó que el GLP se mantiene sin variación, con un precio de Bs 22,50, al considerarse un energético de alto impacto social. En la misma línea, el GNV continuará en Bs 2,73 por metro cúbico, para no afectar al parque automotor que opera con este sistema.
“Estos precios comenzarán a regir desde el momento en que el decreto sea publicado en la Gaceta”, subrayó el ministro, al descartar cualquier periodo de transición o aplicación gradual de la nueva escala.
El Ejecutivo sostiene que esta decisión forma parte de un reordenamiento estructural del sector energético, con el objetivo de frenar el contrabando, garantizar el suministro interno y liberar recursos para inversión social, en medio de un escenario económico que el propio Gobierno ha calificado como emergencia nacional.
