La tensión política que atraviesa Bolivia sumó este jueves un nuevo episodio de alta controversia tras la aprehensión de la exsenadora Simona Quispe, una de las figuras vinculadas al ala evista que participa activamente en las movilizaciones registradas en La Paz y El Alto. La exlegisladora fue trasladada a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), donde permanece mientras avanzan las investigaciones en su contra.
El operativo se realizó durante la tarde y, según fuentes preliminares, Quispe es investigada por su presunta relación con los recientes conflictos sociales y políticos que mantienen paralizadas varias regiones del país. Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no habían emitido un informe oficial detallando los delitos específicos por los que se la investiga.
La captura provocó una inmediata reacción de familiares y allegados, quienes se concentraron en puertas de la FELCC para exigir información sobre su situación jurídica. La incertidumbre aumentó debido a que, según denunciaron, durante varias horas no recibieron explicaciones claras sobre el procedimiento ejecutado por los agentes.
La hija de la exsenadora cuestionó duramente la actuación policial y aseguró que el operativo se desarrolló de forma violenta. «Quiero denunciar públicamente el secuestro prácticamente de mi mamá», afirmó visiblemente afectada. Según relató, el hecho ocurrió cuando la familia se encontraba paseando en el Parque de las Cholas durante el feriado.
De acuerdo con su testimonio, entre cuatro y cinco hombres interceptaron a Quispe y la introdujeron por la fuerza en un minibús. «Le han empezado a jalonear y meter al vehículo empleando fuerza. La han arrastrado mientras el minibús estaba en movimiento. Nos hemos asustado porque parecía un secuestro», denunció la familiar, quien aseguró que ninguno de los participantes mostró documentación que acreditara la intervención.
La hija de la exsenadora sostuvo además que recién después del forcejeo aparecieron algunos uniformados que señalaron verbalmente la existencia de una orden de aprehensión. «Nos dijeron que tenía una orden, pero nunca nos la mostraron», afirmó, agregando que durante el incidente la cartera y el teléfono celular de su madre cayeron al suelo y quedaron en poder de la familia.
La polémica se profundizó cuando los allegados denunciaron restricciones para ingresar a las instalaciones policiales. Según su versión, ni los familiares directos ni el abogado defensor pudieron acceder inicialmente a información sobre el estado de Quispe. «No nos dejan pasar ni siquiera al abogado. No sabemos qué está ocurriendo dentro de la FELCC», declaró la familiar, expresando temor por posibles irregularidades en el proceso.
El caso se produce en un contexto de creciente conflictividad política y social, marcado por bloqueos, movilizaciones y una escalada de confrontación entre sectores afines al evismo y el Gobierno. Mientras se espera un pronunciamiento oficial del Ministerio Público y del Ministerio de Gobierno, la aprehensión de Simona Quispe se ha convertido en uno de los hechos más sensibles de las últimas horas, reavivando el debate sobre el respeto al debido proceso y las garantías constitucionales en medio de la crisis nacional.
