La madrugada de este domingo (5:52 a.m.), la Cámara de Diputados aprobó en grande y detalle la Ley de Regulación de Estados de Excepción, una de las normas más debatidas de las últimas semanas en medio de la crisis provocada por más de un mes de bloqueos en distintas regiones del país. Con su sanción legislativa, el proyecto quedó listo para ser remitido al presidente Rodrigo Paz para su promulgación.
La sesión, que se prolongó durante varias horas desde la tarde del sábado, estuvo marcada por intensos debates y posiciones enfrentadas. Finalmente, la mayoría legislativa respaldó la propuesta, mientras que diputados del PDC críticos al Gobierno, legisladores de Alianza Popular y la diputada Cecilia Requena expresaron su rechazo a algunos de los artículos más controvertidos.
Los parlamentarios que votaron a favor defendieron la norma argumentando que el país necesita herramientas legales para restablecer el orden institucional frente a situaciones extremas que afectan la economía, la seguridad y el abastecimiento de la población. “No podemos permitir que Bolivia permanezca paralizada indefinidamente”, señalaron durante el debate.
La nueva legislación establece que el Presidente podrá declarar estado de excepción ante amenazas externas, conmoción interna o desastres naturales, siempre dentro del marco constitucional. Además, contempla la participación de las Fuerzas Armadas cuando la capacidad operativa de la Policía Boliviana sea superada por la magnitud de los hechos.
Uno de los puntos que generó mayor controversia fue el artículo que establece una presunción de legalidad en las actuaciones de las fuerzas del orden durante la vigencia de un estado de excepción. Los detractores de la norma advirtieron sobre posibles riesgos para las garantías constitucionales y los derechos ciudadanos.
Pese a las observaciones planteadas, la Cámara de Diputados mantuvo el texto aprobado previamente por el Senado. “Se requiere una norma clara que permita actuar al Estado dentro de la legalidad cuando la estabilidad del país está en riesgo”, sostuvieron legisladores oficialistas durante la sesión.
La ley también dispone que el estado de excepción podrá extenderse por un período máximo de 90 días, con posibilidad de ampliación mediante autorización legislativa. Asimismo, una vez emitida la declaratoria, el Ejecutivo deberá comunicar la medida a la Asamblea Legislativa, que tendrá un plazo de 72 horas para aprobarla o rechazarla.
La aprobación de esta normativa se produce en un contexto de alta tensión social, con bloqueos que han afectado el transporte, el suministro de combustibles, alimentos y medicamentos. Para sus defensores, la ley representa una herramienta para enfrentar crisis extraordinarias; para sus críticos, será fundamental vigilar que su aplicación respete plenamente el Estado de Derecho y las libertades democráticas. La decisión final ahora queda en manos del Ejecutivo, que deberá definir su promulgación en los próximos días.
