El régimen de Luis Arce anunció que este jueves presentará una denuncia penal contra Evo Morales por terrorismo, instigación pública a delinquir y otros delitos, por impulsar bloqueos y anunciar un cerco a la ciudad de La Paz. La acusación sostiene que estas acciones buscan romper el orden constitucional y evitar la realización de elecciones generales.
“La denuncia será presentada mañana por los siguientes delitos de acción pública, que fácilmente pueden ser definidos como terrorismo, instigación pública a delinquir… no solamente del señor Evo Morales, sino también de muchas otras personas que están siguiendo este juego maquiavélico de querer dar un golpe de Estado”, declaró el ministro de Justicia, César Siles.
En una conferencia de prensa conjunta, los ministros de Justicia, Presidencia y Gobierno informaron que Morales sería acusado por al menos siete delitos, entre ellos: atentado contra la seguridad de los medios de transporte, desobediencia a resoluciones constitucionales y atentado contra la libertad de trabajo.
La denuncia también incluirá la obstaculización de procesos electorales, ya que, según el Gobierno, Morales busca forzar su habilitación como candidato a pesar de que existe una sentencia constitucional que lo inhabilita. “El trasfondo de esta criminal decisión de cercar La Paz es forzar una candidatura prohibida”, agregó Siles.
El Ejecutivo aseguró que garantizará la realización de las elecciones generales programadas para el 17 de agosto, pese a las amenazas. “Vamos a hacer cumplir la Constitución y no permitiremos que se imponga el caos sobre la legalidad democrática”, sostuvo el ministro.
Además, el Gobierno exigirá que el Ministerio Público acelere los procesos relacionados con las amenazas y amedrentamientos ocurridos en diferentes regiones, como Sucre y Cochabamba, y que ya fueron denunciados por autoridades judiciales.
Siles también advirtió que “estas conductas podrían ser objeto de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, en referencia al impacto de los bloqueos sobre los derechos fundamentales de la población.
Finalmente, recordó que la Corte Penal Internacional considera crímenes de lesa humanidad las acciones sistemáticas que afectan a la población civil, insinuando que Morales y sus seguidores podrían enfrentar consecuencias internacionales si persisten con sus medidas de presión.
