Una polémica ha surgido en Bolivia tras conocerse que el medio de comunicación venezolano Telesur ha sido beneficiado con dos contratos de publicidad estatal, sumando un total de Bs 2 millones. La diputada de Comunidad Ciudadana, Luisa Nayar, ha planteado interrogantes sobre la asignación de recursos al socio político del Gobierno.
La legisladora destacó que esta situación contrasta con la realidad de varios medios de comunicación bolivianos que han tenido que cerrar debido a las dificultades financieras. «Mientras que algunos medios de comunicación están cerrando sus puertas por la asfixia del régimen de Luis Arce, el MAS a través de las dichosas contrataciones está gastando dos millones de bolivianos en la estatal venezolana Telesur, beneficiando a su socio comunista», expresó Nayar.
Consultado al respecto, Freddy Morales, representante legal de la empresa unipersonal Surcom en Bolivia, declinó hacer comentarios sobre la denuncia realizada por la parlamentaria.
La diputada también ha señalado la modalidad de contratación directa utilizada en este caso, sin cumplir con los procedimientos establecidos por la normativa de arrendamientos. «Se ha hecho otra observación, se tiene que esta contratación es directa y se realizan justamente en desmedro de los medios de comunicación nacionales», subrayó.
Telesur es una cadena televisiva «multiestatal» con sede en Caracas, Venezuela, y fue fundada en 2005 durante la gestión del fallecido expresidente Hugo Chávez.
Los detalles de los contratos están disponibles en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes). El primero, adjudicado el 31 de marzo, involucra la difusión de spots publicitarios del Ministerio de la Presidencia por un monto de Bs 1 millón, con un plazo hasta el 30 de junio. El segundo contrato, suscrito el 28 de junio, por Bs 1 millón, tiene como plazo de transmisión hasta el 29 de septiembre o hasta agotar el presupuesto asignado.
Esta no es la primera vez que Telesur es objeto de controversia en Bolivia por la asignación de contratos de publicidad estatal. En 2022, ya se habían adjudicado dos contratos por un total de Bs 3 millones.
El debate sobre la asignación de fondos públicos a medios de comunicación y su impacto en la diversidad y autonomía informativa sigue siendo un tema candente en Bolivia.
