En plena crisis económica y con el país golpeado por bloqueos, escasez de divisas y desaceleración productiva, el presidente Rodrigo Paz promulgó la Ley 1733 de Alivio Tributario, una norma que establece un amplio proceso de condonación y regularización de deudas tributarias en Bolivia. La medida fue oficializada el 27 de mayo de 2026 y ya genera intensos debates entre empresarios, economistas y especialistas tributarios.
La nueva ley dispone, de manera extraordinaria y por única vez, la condonación de deudas tributarias, multas, intereses y sanciones aduaneras correspondientes a periodos fiscales anteriores a enero de 2018. También alcanza a procesos en impugnación, ejecución tributaria y cobranza coactiva, siempre que no exista remate de bienes. Además, incluye beneficios especiales para obligaciones pendientes de la gestión 2020, una de las etapas más golpeadas económicamente tras la pandemia.
El Gobierno sostiene que la medida busca dar un respiro financiero a miles de contribuyentes afectados por años de crisis económica, caída de actividad empresarial y presión fiscal. “La presente Ley tiene por objeto establecer un periodo de alivio tributario a través de la condonación y regularización tributaria”, señala el texto oficial promulgado por el Ejecutivo.
La normativa también habilita un mecanismo de regularización tributaria para deudas generadas entre 2018 y 2025. Los contribuyentes podrán acogerse a pagos al contado con reducción parcial de actualización monetaria o acceder a planes de pago de hasta 36 cuotas mensuales, con eliminación de intereses y multas derivadas de omisión de pago o incumplimiento tributario.
Uno de los puntos más relevantes de la ley es la modificación de los plazos de prescripción tributaria establecidos en el Código Tributario Boliviano. A partir de la nueva disposición, las facultades de fiscalización y cobro de la Administración Tributaria prescribirán en cuatro años, ampliables en ciertos casos específicos. Especialistas consideran que este cambio podría transformar la relación entre el Estado y los contribuyentes en los próximos años.
La Ley 1733 también incorpora modificaciones relacionadas con juegos de azar, sorteos y actividades digitales vinculadas al sector, ampliando el alcance del Impuesto al Juego y reconociendo nuevas modalidades tecnológicas y electrónicas. Analistas económicos observan que el Gobierno intenta ampliar mecanismos de recaudación en sectores donde existe crecimiento digital y baja regulación tributaria.
Economistas advierten que el “perdonazo tributario” podría generar alivio temporal para empresas y contribuyentes asfixiados por obligaciones acumuladas, pero también abre cuestionamientos sobre el impacto fiscal de la medida. “Las amnistías tributarias ayudan a recuperar liquidez en el corto plazo, pero pueden incentivar expectativas de futuras condonaciones”, señalan expertos en política fiscal consultados sobre medidas similares aplicadas en América Latina.
La promulgación de esta ley ocurre en uno de los momentos más complejos para la economía boliviana. Con reservas internacionales presionadas, caída de ingresos hidrocarburíferos y bloqueos que afectan la actividad productiva, el Gobierno apuesta por un alivio tributario masivo para dinamizar la economía y recuperar flujo financiero. Sin embargo, el verdadero desafío será determinar si esta medida logra reactivar la inversión y la formalidad o si termina convirtiéndose únicamente en un alivio temporal en medio de una crisis estructural cada vez más profunda.
