La Fundación TIERRA solicitó este jueves una investigación imparcial y una fiscalización nacional tras la publicación del reportaje “Las tierras del hijo del presidente”, elaborado por CONNECTAS y medios aliados. El informe señala posibles delitos de tráfico de influencias y daños ambientales relacionados con el predio “Adán y Eva”, propiedad de Rafael Ernesto Arce Mosqueira, hijo del presidente Luis Arce.
En su pronunciamiento institucional, TIERRA denunció que la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) otorgó permisos de quema y desmonte a nombre del hijo del mandatario. “Este no es un caso aislado, sino parte de un patrón sistemático de delitos agroambientales que involucran a instituciones como el INRA y la ABT”, advirtió la fundación.
“Es imprescindible que se realice una investigación sin injerencia política”, señala el documento. La institución enfatiza que, dada la naturaleza sensible del caso, se debe evitar su politización en un contexto electoral, y garantizar transparencia y autonomía judicial.
El reportaje de CONNECTAS reveló que el predio “Adán y Eva” fue favorecido por normativas cuestionables, y que se vulneraron leyes ambientales al autorizar actividades incompatibles con la vocación de uso del suelo. TIERRA confirmó estos hallazgos y alertó sobre la generalización de estas prácticas en otras zonas del país.
“Existen cientos de propiedades tituladas como tierras agrícolas que en realidad son bosques protegidos o áreas no aptas para mecanización”, denunció TIERRA. Estas irregularidades han sido avaladas por funcionarios del INRA, según el pronunciamiento.
Además, la fundación afirmó que la ABT ha autorizado desmontes y quemas en miles de hectáreas dentro de áreas forestales permanentes, lo cual infringe las normas sobre uso del suelo. Estas acciones, según TIERRA, estarían facilitando la expansión agroempresarial a costa del ecosistema.
“El caso ‘Adán y Eva’ debería marcar un antes y un después en la lucha contra los delitos agroambientales”, remarcó la fundación. Pidió que se inicie una fiscalización integral de las autorizaciones otorgadas por las instituciones agrarias y ambientales del país.
TIERRA concluyó su pronunciamiento señalando que esta situación debe abrir la puerta a una reforma profunda en la gestión de tierras y bosques en Bolivia, “para frenar el avance de intereses particulares que están destruyendo el patrimonio ambiental del país en nombre del desarrollo agrícola”.
