La Fiscalía de Bolivia ha imputado al exdirigente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) Marco Pumari con cinco delitos dentro del caso abierto en su contra por la violencia y quema de las instalaciones electorales en Potosí en 2019, según ha hecho saber el secretario general de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe, que asegura contar con más de 20 testigos para confirmar las acusaciones, informa el diario boliviano ‘La Razón’.
Fuentes oficiales citadas por el diario han precisado que Pumari atacó las oficinas de la autoridad electoral aduciendo que en las elecciones de octubre de 2019 se había producido un fraude, dos días después de los comicios, en los que el expresidente Evo Morales resultó vencedor.
Por todo ello, Pumari ha sido acusado formalmente de los delitos de deterioro y destrucciones de bienes del Estado, daño calificado, allanamiento, robo agravado y obstrucción a los procesos electorales. Quispe aprovechó para negar que se trate de una «persecución política», como lo denunciaron diferentes actores de la oposición y del movimiento cívico opuesto al Gobierno.
Pumari, uno de los líderes de las protestas que derivaron en la dimisión de Morales, ha sido trasladado a La Paz, donde está denunciado por la presunta comisión de los delitos de sedición, terrorismo y sedición por su rol en las manifestaciones tras las elecciones.
La Policía de Bolivia registró este viernes las oficinas del Comcipo, por lo que su presidente, Juan Carlos Huallpa, y dirigentes como Ramiro Subia se han declarado en la «clandestinidad».
Comcipo ya denunció la existencia de una orden de detención contra su expresidente, que se presentó a la Vicpresidencia de Bolivia junto al ‘excívico’ Luis Fernando Camacho –actual gobernador de Santa Cruz– en las elecciones de 2020, en agosto de este año. Durante la crisis postelectoral se quemaron las oficinas electorales departamentales de Potosí, Trinidad, Cobija y Santa Cruz.
Por su parte, el Consejo Nacional de Comités Cívicos de Bolivia ha respaldado al Comcipo y ha advertido de que no permitirá una «nueva violación al sistema democrático y a la representación legítima de la sociedad». En un comunicado recogido por la prensa boliviana, la agrupación de comités cívicos ha asegurado que «defenderán Bolivia todas las veces que sea necesario, amparados en la Constitución, mientras el régimen intente quebrar una vez más el sistema democrático».
Así, ha pedido al pueblo de Potosí y al boliviano, en general, «defender sus derechos y libertades, la institucionalidad y la democracia» que se les «arrebata».
La tensión entre el oficialismo y la oposición es máxima en Bolivia, especialmente en los departamentos de Potosí y Santa Cruz. Ambos concentraron la mayoría de las últimas protestas antigubernamentales, que se oponían a una ley contra el blanqueo de capitales que finalmente fue derogada.
En Potosí murió un campesino como consecuencia de los enfrentamientos entre cívicos y campesinos, mientras que en la capital cruceña hubo varios momentos de tensión. A pesar del anuncio de derogación de la polémica ley, las protestas no cesaron en estas regiones.
