La Fiscalía Departamental de Sucre encendió las alarmas este lunes al solicitar la activación inmediata de alerta migratoria contra cinco magistrados autoprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), en el marco de una investigación por falsedad ideológica y acoso político contra mujeres. La decisión apunta a impedir que los implicados abandonen el país mientras avanza el proceso penal.
La denuncia fue presentada por las magistradas electas Paola Verónica Prudencio Candia y Amalia Laura Villca, quienes acusaron a Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, René Yván Espada Navía, Karem Lorena Gallardo Sejas, Isidora Jiménez Castro y Julia Elizabeth Cornejo Gallardo de manipular documentación y ejercer presiones indebidas durante su cuestionada permanencia en el cargo. “Existe un claro peligro de fuga y todos los elementos para evitar que salgan del país”, afirmaron.
Las denunciantes sostienen que los magistrados cuentan con pasaportes diplomáticos, vínculos internacionales y recursos económicos suficientes, factores que —según ellas— encajan plenamente en el artículo 234 del Código de Procedimiento Penal sobre riesgos procesales. “No vamos a permitir que se repita la historia de autoridades que escapan antes de responder ante la justicia”, expresó una de las magistradas electas.
Ante ello, la Fiscalía remitió el requerimiento a la Dirección General de Migración (DIGEMIG), institución encargada de ejecutar la alerta y notificar cualquier intento de salida del país de los acusados.
Prudencio y Villca también solicitaron que todas las notificaciones del Ministerio Público se realicen mediante el sistema digital oficial, con el fin de evitar dilaciones o maniobras procesales que obstaculicen el avance del caso. “Queremos un proceso transparente y sin privilegios”, afirmaron.
Asimismo, pidieron copias legalizadas del cuaderno de investigación para continuar el seguimiento desde su domicilio procesal en Sucre, enfatizando que no retrocederán ante la presión política. “Este es un paso necesario para desmontar la impunidad que rodeó a estos magistrados”, subrayaron.
El caso se suma a la creciente tensión institucional tras la reciente orden del TCP de cesar a las autoridades autoprorrogadas, lo que ha abierto un nuevo capítulo en la disputa por la legitimidad del sistema judicial.
Mientras avanza la investigación, la pregunta es inevitable: ¿serán estas medidas suficientes para evitar que las exautoridades evadan la justicia?
