El Gobierno de Bolivia, presidido por Luis Arce, ha destinado un presupuesto de $9 millones para la compra de gases lacrimógenos con el fin de dispersar y reprimir movilizaciones de protesta. Según un análisis comparativo realizado por el periódico EL DEBER, esta es la mayor asignación presupuestaria para este fin desde 2018.
El gobierno transitorio de Jeanine Áñez, que ocupó el poder entre 2019 y 2020, adquirió un lote de gases y equipo antimotines por $5,6 millones. La compra se realizó a través de la intermediaria estadounidense Bravo Tactical Solutions LLC (BTS), que pagó $3,3 millones a la brasileña Cóndor, fabricante de los productos. La operación estuvo manchada por un notorio e ilegal sobreprecio.
Por otro lado, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, informó que se erogó Bs 64 millones (unos $9 millones) en la última compra de estos materiales, la cual se hizo directamente a la empresa Cóndor, incluyendo el coste de transporte. Del Castillo afirmó que se generó un ahorro de Bs 16 millones al optar por la oferta más barata, que provino precisamente de Cóndor.
En 2020, la Asamblea Legislativa investigó la compra de gases lacrimógenos, la cual estuvo plagada de irregularidades y presuntos delitos de corrupción. Según un informe de la Contraloría, la compra de material no letal no implicaba grandes montos, lo que no justificaba auditorías de ese periodo. En este sentido, se solicitó a la Contraloría un informe sobre los montos destinados a la compra de material no letal desde 2018, cuando Evo Morales estaba en la Presidencia.
La compra de los gases lacrimógenos en tiempos de Arturo Murillo, quien fue ministro de Gobierno entre 2019 y 2020, fue autorizada con tres decretos. El primero, el 4090 del 3 de diciembre de 2019, el segundo, el 4116 del 12 de diciembre de 2019, que autorizó la compra en el exterior y por invitación directa. Finalmente, el decreto 4168 del 28 de febrero de 2020 autorizó el desembolso de Bs 40.068.000 para pagar esos insumos.
