El GIEI pide que el contenido del informe presentado en la víspera no sirva de instrumento para generar persecución política en contra de ningún ciudadano. Además, piden respetar la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) Bolivia concluyó que “en el último trimestre del año 2019 se cometieron graves violaciones de los derechos humanos en el país”, se reconoce que existen personas afectadas en ambos lados del espectro político y se pide que el estudio no sea utilizado para perseguir a cualquier persona por razones políticas u otra motivación indebida.
Tras la entrega del documento final sobre la investigación del GIEI a los hechos de violencia tras las elecciones anuladas de 2019, este grupo elaboró una serie de conclusiones en las que se expresan de forma concreta los hallazgos de su estudio.
Entre los puntos que destacan se reconoce que tras los comicios de 2019 se produjeron graves violaciones a los derechos humanos, mismos que derivaron en la muerte de 37 personas y provocaron secuelas en otro grupo de la población.
“En el último trimestre del año 2019 se cometieron graves violaciones de los derechos humanos en Bolivia. En el marco de un conflicto político rodeado de violencia, al menos 37 personas perdieron la vida en diversos lugares del país y centenares de personas recibieron lesiones de consideración, tanto físicas como psicológicas”, indica.
Asimismo, se señala que la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas usaron la fuerza de modo excesivo y desproporcionado, dejando desprotegida a la población, sin prevenir escenarios de violencia y permitiendo que particulares protagonicen y generen más hechos de confrontación en distintas localidades.
Por otra parte, se señala como esencial el permitir que todas las víctimas obtengan justicia y accedan a la reparación de los daños provocados, “es preciso reconocer que hay personas afectadas en ambos lados del espectro político y que la situación de cada una de ellas demanda de todos y todas el reconocimiento de su calidad de víctimas”, añade.
Sobre las medidas de protesta asumidas por grupos radicales afines o contrarios al Gobierno, se señala que estas se produjeron luego de posiciones de líderes políticos y sociales que buscaron tensionar la situación.
“Las manifestaciones de protesta y las acciones directas de bloqueos en los caminos y las ciudades de Bolivia, que escalaron y estallaron en enfrentamientos y agresiones violentas, no ocurrieron de modo inesperado. Fueron precedidas por discursos antagónicos de líderes reconocidos y por decisiones políticas y acciones que pusieron en tensión las reglas de funcionamiento de los mecanismos participativos de la democracia y las instituciones que deben vigilar su cumplimiento”, se expresa en el documento.
Este informe confirma y expresa preocupación por las graves deficiencias en el sistema judicial boliviano, mismas que vienen siendo denunciadas por la ciudadanía y líderes políticos que exigen transparencia en los procesos.
“El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) observó la existencia de serias deficiencias del Estado boliviano en garantizar y respetar la independencia y autonomía del Poder Judicial y del Ministerio Público, además de debilidades en las capacidades de estas instituciones para garantizar la debida diligencia y el debido proceso en sus actuaciones” se señala.
Como parte final de las conclusiones, el GIEI pide que el contenido del informe presentado en la víspera, no sirva de instrumento para generar persecución política en contra de ningún ciudadano.
“El GIEI desea destacar que el trabajo que realizó no equivale a una investigación penal. A lo largo de este informe, y a continuación, se formulan varias recomendaciones sobre la investigación y el procesamiento penal que deben realizar las autoridades competentes. De ningún modo, el presente informe debe ser utilizado para perseguir a cualquier persona por razones políticas u otra motivación indebida”, señala.
Tras las conclusiones, el informe del GIEI emite una serie de recomendaciones al Estado boliviano, la sociedad civil boliviana y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para garantizar el derecho de las víctimas y sus familiares a la verdad, justicia y reparación, sin hacer distinciones indebidas.
