El diputado Alejandro Reyes, del partido Comunidad Ciudadana por La Paz, denunció la existencia de una posible red de corrupción dentro de la Unidad de Publicidad Urbana del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. En una conferencia de prensa, Reyes afirmó: «Tenemos la suficiente evidencia» para señalar las irregularidades en la gestión de los espacios publicitarios en la ciudad.
Según el informe presentado por el legislador, basado en una petición de informe escrita a la Secretaría Municipal de Desarrollo Económico, en los últimos tres años se han instalado más de 500 vallas publicitarias de manera irregular, lo que ha provocado una pérdida de aproximadamente 7 millones de bolivianos para las arcas municipales.
Entre las principales irregularidades, Reyes destacó la autorización indebida de emplazamientos sin las licencias y patentes correspondientes, la manipulación de conteos para reducir los cánones de uso de espacio público en favor de ciertas empresas, y el archivo de multas sin un proceso administrativo sancionatorio. «La pérdida podría equivaler a Bs 668.007 en lugares como la Costanera y el mercado Lanza», precisó.
El diputado también acusó a Fernando Ruiz, ex Director de Actividades Económicas y Gestión de la Inversión, como el principal responsable de estos actos, en coordinación con otros funcionarios. Reyes indicó que en tres años de gestión se otorgaron permisos anticompetitivos que favorecieron a ciertas empresas, en detrimento de otras, lo que generó una monopolización de los procesos de fiscalización.
Ante esta situación, Reyes pidió al alcalde Iván Arias la destitución inmediata de Ruiz, quien actualmente se desempeña como Director de Recursos Humanos del municipio, así como una investigación exhaustiva de todos los funcionarios y empresas involucradas en estas prácticas corruptas. «Es necesario realizar una auditoría de todos los permisos y emplazamientos de las vallas publicitarias para determinar las responsabilidades penales y administrativas», agregó.
La denuncia de Reyes ha generado preocupación en la ciudadanía, que exige mayor transparencia en la gestión de los recursos municipales y sanciones ejemplares para quienes resulten responsables de estos actos de corrupción.
