La diputada electa del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Sandra Rivero, defendió este lunes la propuesta de su organización política para legalizar los autos indocumentados que circulan en el país. La medida, según explicó, busca transformar al “chutero” en un empresario formal con respaldo del Estado.
Rivero sostuvo que la iniciativa pretende cambiar la visión sobre este sector, que hoy es considerado ilegal, y darle un espacio en la economía nacional. “Es un conjunto de funciones que vamos a activar para que esto sea algo regular, formal y quede contento el pseudo empresario que trae autos chutos y se vuelva en un empresario comercializador reconocido por el Estado”, afirmó en declaraciones a la ANF.
La diputada subrayó que el objetivo es que quienes actualmente operan en la clandestinidad puedan abrir oficinas, importar vehículos de manera legal y mostrar modelos competitivos en el mercado interno. “Que pueda haber de fondo su oficina, mostrar los mejores modelos, sin sentir que no le van a comprar nada porque el auto está muy caro”, dijo.
La propuesta llega en un contexto en el que la internación ilegal de vehículos, conocidos como autos “chutos”, representa no solo una pérdida millonaria en recaudaciones aduaneras, sino también un problema para la seguridad vial, ya que muchos de estos automóviles no cumplen con estándares técnicos básicos.
El planteamiento del PDC busca transformar esa debilidad en una oportunidad económica. “Lo que queremos es que el comerciante que hoy está en la informalidad tenga incentivos para formalizarse y pagar impuestos, en vez de arriesgarse a que su mercadería sea decomisada”, explicó Rivero.
Sin embargo, la iniciativa genera controversia, ya que el contrabando de autos es una de las actividades ilícitas más extendidas en Bolivia, particularmente en regiones fronterizas como Oruro y Potosí. Diversos analistas han advertido que cualquier intento de regularización puede convertirse en un estímulo para que ingresen más vehículos ilegales al país.
Rivero insistió en que la propuesta no pretende premiar la ilegalidad, sino abrir una vía de formalización. “No se trata de fomentar lo chuto, sino de dar un paso hacia adelante y reconocer que hay un sector que existe y que necesita ser incorporado a la economía formal”, concluyó.
El debate sobre los autos indocumentados vuelve así al escenario político, y promete convertirse en un tema sensible de cara al proceso electoral, con posturas que dividen a quienes ven en la legalización un alivio económico y a quienes consideran que es un riesgo para la institucionalidad del país.
