En San Agustín de Puñaca, Bolivia, la desesperación se apodera de una comunidad de 400 familias, quienes, tras sufrir dolores y malestares atribuidos al consumo de agua contaminada, luchan por detener el daño ambiental. Los residentes culpan a la minería de la contaminación y buscan justicia en los tribunales para proteger su salud y el entorno que los rodea.
En una acción desesperada, la comunidad se sometió a pruebas de sangre y orina para detectar metales pesados. Los resultados son alarmantes, con niveles elevados de arsénico, plomo y cadmio, amenazando la salud pública. El arsénico, clasificado como cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud, está presente en concentraciones 10 a 15 veces más altas que el límite establecido por la Unión Europea.
Miguel Machaca, residente afectado, expresó su preocupación: «Es seguro que vamos a morir con esta contaminación, nos duele mucho, nos amarga a veces, qué vamos a hacer, seguro nos espera la muerte junto con nuestro ganado que va muriendo también».
La comunidad, que depende de ríos contaminados para su suministro de agua, enfrenta condiciones peligrosas y un dilema cruel. Aunque son conscientes de la contaminación, la falta de alternativas los obliga a consumir agua contaminada, agravando su situación.
Cornelia Ramírez, quien también dio positivo por arsénico, describe la difícil elección: «No coman los riñones ni las vísceras de los animales porque pueden estar contaminadas, hiervan el agua que van a consumir, coman alimentos hervidos y preferiblemente verduras».
La sequía que afecta a Bolivia complica aún más la situación, dejando a la comunidad con escasez de agua. La nutricionista Neysa Lima señaló un aumento en los casos de desnutrición infantil, aunque aún no se ha establecido un vínculo directo con la contaminación del agua.
En un intento por obtener justicia, la comunidad presentó una acción legal, exigiendo un estudio de calidad del agua. A pesar de un informe que sugiere la necesidad de tratamiento para el consumo, las autoridades niegan la contaminación causada por la minería. Los residentes esperan una respuesta del Tribunal Constitucional Plurinacional, presentando evidencia contundente del laboratorio para respaldar su caso y proteger su derecho a un ambiente sano.
