La justicia boliviana emitió este lunes una sentencia histórica contra Guillermo Aponte, expresidente del Banco Central de Bolivia (BCB), al condenarlo a cinco años de prisión por la gestión irregular de un crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) durante la gestión 2020.
El Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer 6º de La Paz determinó que Aponte actuó en contravención de la normativa al aprobar el préstamo sin la autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional, requisito indispensable según la Constitución.
El caso se remonta a la etapa más crítica de la pandemia de COVID-19, cuando el Gobierno buscaba atender la emergencia fiscal y sanitaria con financiamiento externo. Sin embargo, el crédito fue tramitado sin el aval legislativo, lo que derivó en el proceso penal.
El Ministerio Público, el BCB, el Viceministerio de Transparencia y la Procuraduría General del Estado fueron las instituciones que impulsaron la acusación. Señalaron que se trató de “una resolución contraria a la Constitución y a las leyes”, además de incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado.
La sentencia también alcanzó a otros implicados: cinco fueron absueltos, mientras que un sexto acusado fue declarado rebelde y condenado a un año de prisión. El resto de los procesados quedaron fuera de responsabilidad penal.
Desde la Procuraduría se resaltó que el fallo constituye un precedente clave para la defensa de los intereses del Estado boliviano. “Con esta decisión se ratifica que ningún funcionario está por encima de la Constitución ni de la Asamblea”, señalaron en un comunicado oficial.
Aponte aún puede apelar el fallo, y se espera la reacción de su defensa legal en las próximas horas. Mientras tanto, la decisión judicial genera un fuerte impacto en el ámbito político y económico del país, al tratarse de un proceso vinculado directamente con la crisis de la pandemia.
Con este dictamen, la justicia envía una señal clara: el manejo irregular de recursos internacionales no quedará impune, incluso cuando se trate de decisiones adoptadas en contextos de emergencia nacional.
