Según el último estudio del World Justice Project, Dinamarca encabeza la lista mundial de países con mayor estado de derecho, con una puntuación de 0,90. Este ranking, que evalúa la adherencia a principios de legalidad en 142 países, coloca a Noruega (0,89) y Finlandia (0,87) en el segundo y tercer lugar, respectivamente.
En el continente americano, Canadá se sitúa como el país con mejor puntuación (0,80), seguido por Uruguay (0,72), Estados Unidos (0,70) y Chile (0,66). Estos países se encuentran entre los 30 con mayor estado de derecho a nivel mundial, destacando por su respeto a las leyes y protección de derechos humanos.
Por otro lado, Venezuela ocupa el último lugar del ranking con una puntuación de 0,26, reflejando graves deficiencias en su sistema legal. Otros países latinoamericanos en posiciones críticas incluyen Haití (0,34), Nicaragua (0,35) y Bolivia (0,37), evidenciando problemas estructurales en la región.
Bolivia, en particular, ocupa el puesto 131 de 142 naciones, posicionándose como el segundo país con menor estado de derecho en Sudamérica y el cuarto en Latinoamérica y el Caribe. Esta situación está directamente relacionada con los bajos puntajes obtenidos en libertad económica, corrupción y democracia en 2023.
El informe subraya la necesidad de que las autoridades bolivianas reflexionen y tomen medidas urgentes para mejorar la situación. «Es crucial que se implementen políticas efectivas para fortalecer la legalidad y proteger los derechos de los ciudadanos,» señaló un portavoz del World Justice Project.
El estudio del World Justice Project no solo resalta los desafíos que enfrentan países como Bolivia y Venezuela, sino también el progreso de naciones que han fortalecido sus sistemas legales. «Este ranking ofrece una guía clara sobre dónde se necesita mejorar y qué prácticas exitosas pueden ser replicadas,» afirmó el director del proyecto.
Con estos resultados, el World Justice Project espera fomentar una discusión global sobre la importancia del estado de derecho y la necesidad de reformas profundas en los países con bajas puntuaciones. «La protección de los derechos y el fortalecimiento de las instituciones legales son esenciales para el desarrollo sostenible y la justicia social,» concluyó el informe.
