Bolivia ha recibido la notificación de un laudo arbitral que establece que debe pagar $253,5 millones a una subsidiaria de la empresa suiza Glencore por la nacionalización de dos plantas metalúrgicas y una concesión minera. El procurador general del Estado, César Siles, informó sobre este fallo emitido por la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya.
El laudo surge de una larga controversia relacionada con la reversión al dominio del Estado del Complejo Metalúrgico Vinto, la Planta Vinto Antimonio y la concesión minera Colquiri. Inicialmente, la demanda presentada en 2017 por la empresa suiza solicitaba $675,7 millones, pero la cantidad final establecida en el laudo es de $253,5 millones, lo que representa una reducción considerable.
Siles explicó que, a pesar de esta reducción, es deber de la Procuraduría analizar todos los escenarios posibles para continuar con la estrategia de defensa legal del Estado. Esto incluye la evaluación de la posibilidad de solicitar la anulación del laudo y la suspensión de su ejecución en el plazo establecido.
La nacionalización de estos activos por parte del Estado boliviano se llevó a cabo en diferentes momentos: el Complejo Metalúrgico Vinto en 2007, la Planta de Antimonio Vinto en 2010 y la mina Colquiri en 2012. La Procuraduría argumentó que estas acciones eran necesarias debido a privatizaciones realizadas durante «gobiernos neoliberales» a precios por debajo de su valor real y a la falta de inversiones prometidas.
Cabe destacar que César Siles asumió el cargo de procurador de Bolivia recientemente, en reemplazo de Wilfredo Chávez, quien lideró la Procuraduría desde noviembre de 2020, cuando Luis Arce asumió la Presidencia del país.
