Juan Pablo Palma, secretario municipal de Resiliencia y Gestión de Vulnerabilidades de La Paz, fue aprehendido este jueves como parte de la investigación por la mazamorra ocurrida en Bajo Llojeta el pasado 23 de noviembre. La medida fue tomada tras su declaración informativa en el Ministerio Público, pese a que el funcionario se presentó de manera voluntaria y en calidad de investigado.
Horas después, Palma fue trasladado a las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), acusado de incumplimiento de deberes y lesiones graves y leves. Su detención generó críticas inmediatas por parte de autoridades municipales, quienes cuestionaron la decisión de la Fiscalía.
El alcalde Iván Arias defendió a su funcionario, describiéndolo como indispensable para la atención de emergencias en la ciudad. “Es mi mano derecha, con quien coordino todas las emergencias en plena época de lluvias. ¿Dónde se va a escapar si está al frente de todo?”, declaró el burgomaestre visiblemente molesto.
La directora de Asuntos Jurídicos de la Alcaldía, Amparo Morales, calificó la aprehensión de “infundada” y aseguró que Palma cooperó plenamente con la investigación. “Esta decisión no tiene sustento. Estamos ante una persecución a quienes trabajan por la ciudad”, sostuvo Morales, al anunciar que presentarán medidas para buscar la liberación del funcionario.
En medio de esta situación, Palma sufrió una descompensación en su salud y fue trasladado de emergencia al Hospital Obrero. Según Arias, el secretario padece hipertensión y hemorragias estomacales, condiciones que se agravaron por el estrés del proceso judicial. “Está muy mal, pero sigue trabajando sin descanso. ¿Esta es la justicia que queremos?”, cuestionó.
El caso ha avivado críticas hacia la Fiscalía, especialmente por la supuesta falta de acción contra responsables mayores, como el empresario vinculado al terreno afectado por la mazamorra. “Mientras Palma está detenido, hay otros que están libres, paseando por el extranjero”, señaló Arias, en referencia a Luis Iturralde, dueño de Kantutani.
La mazamorra en Bajo Llojeta generó graves daños materiales y desató una crisis humanitaria que la Alcaldía de La Paz ha intentado manejar en condiciones adversas. La detención de Palma, pieza clave en la atención de emergencias, amenaza con profundizar los desafíos en la gestión edil.
“No sé si quieren que la ciudad se hunda, pero aquí estamos trabajando por La Paz, aunque nos persigan. Esto es muy preocupante”, concluyó Arias, dejando en evidencia las tensiones entre las autoridades locales y el sistema judicial.
