Mientras iba en el bus de camino a casa, miró por la ventana a los comerciantes del mercado Rodríguez de la ciudad de La Paz que siempre están en sus puestos de venta, a pesar de las fuertes lluvias o del intenso sol, contó los 50 bolivianos que había ganado esa mañana por la venta de accesorios fotográficos y pensó en que seguramente no le alcanzaría para comprar medicinas a su madre que estaba enferma, hace una semana, con síntomas de coronavirus. Entonces, Estefany Choque (de 25 años de edad, licenciada en Turismo y Hotelería) sintió un aire frío que le recorrió todo el cuerpo. En casa, cabizbaja y con un mar de preocupaciones, ella celebró el Día Internacional de los Trabajadores, al igual que otros jóvenes profesionales que viven silenciosamente un fenómeno socioeconómico que se expande con el pasar del tiempo en nuestro país y afecta, principalmente, a los recién graduados de universidades e institutos superiores: la precarización del empleo.
Este hecho quiere decir que cada día existen más empleos precarios, definidos como aquellos que no permiten el nivel de vida adecuado, disfrute, salud física y emocional, tienen malas condiciones laborales (una posibilidad limitada del ejercicio de los derechos laborales fundamentales), existe ausencia de prestaciones sociales y/o generan inseguridad e incertidumbre laboral. En el caso de Estefany, ella gana tan poco dinero por un trabajo de tiempo completo que no podría independizarse, pero le es suficiente para aportar a los gastos del hogar, debe trabajar más de 12 horas diarias y no tiene ninguna certeza de que continuará trabajando al día siguiente porque carece de un contrato.
En ese sentido, se debe resaltar que la precarización del empleo juvenil está directamente relacionada con el crecimiento constante de la informalidad laboral que ha alcanzado niveles preocupantes. De acuerdo al libro titulado “Economía informal e informalidad en una sociedad multiétnica”, publicado recientemente por la Konrad Adenauer Stiftung, en Bolivia, cerca del 80% de la población ocupada está en el sector informal. Es decir que se estima que 8 de cada 10 trabajadores bolivianos realizan una actividad económica que no está cubierta, o que está insuficientemente cubierta, en la legislación o en la práctica.
A su vez, en la coyuntura nacional, se advierte que el incremento de la informalidad se debe esencialmente a las políticas públicas que promueven la prevalencia de un modelo económico extractivista primario exportador, refuerzan la presión fiscal a las empresas y desincentivan a los emprendedores.
En ese contexto, los jóvenes profesionales son un grupo especialmente vulnerable a encontrar su lugar en la informalidad, debido a que no cuentan con la suficiente experiencia laboral, soportan una alta presión social y sienten una gran necesidad de comenzar a trabajar. Por ejemplo, Estefany, al terminar su carrera universitaria, tuvo que enfrentarse a la difícil decisión de tener un empleo ocasional o estar desempleada.
La mayoría de los jóvenes de la informalidad, se dedican al comercio o servicios, donde no necesitan poner en práctica sus competencias profesionales y, si bien este tipo de empleo es vital para las poblaciones más vulnerables a la pobreza y representa su principal medio de vida, no es un medio de vida sostenible en el largo plazo por el alto riesgo de inseguridad e inestabilidad.
Por lo tanto, es vital cuestionar ¿dónde queda el empleo digno que se establece en la Constitución Política del Estado?, ¿cuál es la calidad del empleo que tienen los trabajadores bolivianos?, y, por último, ¿cómo reducir el empleo informal y fortalecer el formal?
En los últimos días, la Central Obrera Boliviana (COB) ha tenido una serie de diálogos con el Gobierno en el marco de un Pliegue Petitorio que, según su director ejecutivo, responde a las necesidades de todos los trabajadores del país. Sin embargo, nunca menciona las problemáticas de fondo, como la precarización del empleo juvenil que se trata en este artículo.
El resultado de los encuentros entre la COB y las autoridades nacional fue el incremento del 2% al salario mínimo nacional. ¿Es esta una verdadera solución para los trabajadores? Para Estefany, y todas las personas que se encuentran en su situación, la respuesta es que no.
En conclusión, es urgente reconocer que, además de una crisis de salud, también existe una crisis laboral latente en la raíz de la sociedad boliviana.
Por una parte, los tomadores de decisiones deben dar respuestas estructurales a las problemáticas relacionadas con el empleo, priorizar un cambio radical en el modelo económico, impulsar a las empresas, generar acuerdos público-privados, y dar énfasis en los jóvenes, mujeres, indígenas y otros grupos que se consideran claves, para una reactivación económica, en tiempos de pandemia.
Por otra parte, las empresas deben implementar buenas prácticas laborales con los jóvenes, empezando por retribuir las pasantías y brindar un asesoramiento responsable durante el tiempo laboral.
Asimismo, la sociedad debe generar un cambio de pensamiento que no admita un trabajo, en el cual no se brinde ningún tipo de remuneración, se obligue a las personas a trabajar en exceso, por ejemplo, bajo amenazas de ser despedidos, o no se otorgue ningún tipo de seguridad o estabilidad. Igualmente, en la familia, es fundamental impulsar a los niños a asumir tareas, de acuerdo a su edad, porque los pequeños de hoy, serán los trabajadores de mañana.
Por último, las universidades, centros de investigación y otros deben promover más investigaciones que den soluciones a la compleja realidad que atraviesa el país. Por ejemplo, deberíamos preguntarnos cuál es la cantidad de jóvenes profesionales que tienen empleos precarios.
En la Constitución Política del Estado, en la sección III, artículo 46, se establece: “Toda persona tiene derecho: 1. Al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación, y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia digna. 2. A una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias. II. El Estado protegerá el ejercicio del trabajo en todas sus formas”.
Autor: Carlos Andrés Torrico Monzón
