En medio de un escenario político tenso, el ministro de Justicia, Iván Lima, anunció que la sentencia 1010-2023 del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ha sellado el destino político de Evo Morales, impidiéndole ser candidato a la Presidencia en Bolivia. Lima denunció la movilización de sectores afines al evismo, acusándolos de buscar desestabilizar el país y cambiar la sentencia.
Lima enfatizó que el fallo del TCP, basado en el artículo 203 de la Constitución, representa la «última palabra» en el debate jurídico sobre la reelección y subrayó que cualquier intento de modificar la decisión judicial es infundado. El ministro hizo estas declaraciones en Bolivia Tv, refiriéndose a las protestas y amenazas de bloqueo por parte de grupos afines a Evo Morales, concentrados frente al Tribunal Constitucional.
El ministro de Justicia reveló que informó a Morales sobre la posición del TCP en relación con la reelección, basándose en la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lima afirmó que Morales se negó a aceptar esta realidad, calificando sus manifestaciones como contrarias a un «espíritu democrático». Además, señaló que quienes lideran las protestas en Sucre conocen la realidad legal y el impacto jurídico de la sentencia constitucional.
En Sucre, cocaleros del Chapare y campesinos de Potosí encabezaron protestas violentas exigiendo la renuncia de los magistrados prorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional y otras instancias judiciales. La demanda surge ante la falta de elección de nuevas autoridades, un proceso que debía facilitar la Asamblea Legislativa Plurinacional.
El ministro Lima advirtió sobre los intentos de desestabilización y desinstitucionalización del país por parte de quienes buscan cambiar la sentencia. Aunque los abogados de Morales cuestionan la validez de la sentencia constitucional, Lima minimizó estas objeciones, recordando que la decisión del tribunal se centra principalmente en la reelección, no solo en la libertad de expresión, como afirmó Morales.
