El Tribunal Departamental de Justicia de La Paz ha ordenado el traslado a un centro médico de la niña de once años embarazada como consecuencia de abusos sexuales, que permanecía en un centro de la Iglesia Católica boliviana, y que se le practique una «valoración integral».
La decisión del tribunal se produce después de que la defensora del Pueblo de Bolivia, Nadia Cruz, presentara tres demandas para lograr la interrupción del embarazo de la niña, cuya familia ha rechazado el aborto.
La resolución de la corte, a la que ha tenido acceso el diario ‘La Razón’, ha dispuesto la concesión «en parte» de la tutela solicitada por la Defensoría del Pueblo. Esta institución y el Ministerio de Salud deben organizar un equipo médico «del más alto nivel» para una «valoración integral de la menor» y emitir una opinión científica que sea puesta en conocimiento «de quienes deban dar el consentimiento informado (para el aborto)».
No obstante, ha aclarado que, «desde luego, no puede pronunciarse respecto a que prosiga o no la interrupción legal del embarazo, esa es una arbietrariedad, pero sí va a disponer que se genere el informe médico a partir de la conformación de la comisión», pero ha trasladado su «temor fundado» por la situación de la niña.
La niña, que fue trasladada a un centro de acogida de la Iglesia Católica la semana pasada, está embarazada de 22 semanas. La ley boliviana permite la interrupción del embarazo, en casos de violación, hasta la semana 22 de gestación.
En un principio, acudió con su madre a una clínica para practicarse un aborto, pero ambas cambiaron de parecer. La niña está «emocionalmente estable» y ha expresado que quiere al bebé, como también su madre, algo que ha levantado la polémica en Bolivia, con partidarios y detractores de la decisión. La Iglesia se ha opuesto a la interrupción del embarazo aduciendo que «un crimen no se puede solucionar con otro crimen». El agresor es el ‘abuelastro’ de la víctima.
