El principal sindicato de transportistas de Bolivia, representado por la Confederación Sindical de Chóferes de Bolivia, expresó su descontento hacia el Gobierno de Luis Arce por el fallo desfavorable al país en una demanda presentada por Perú ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCAN) relacionada con el precio del combustible para vehículos con matrícula extranjera que circulan en territorio boliviano.
El secretario ejecutivo de la Confederación Sindical de Chóferes de Bolivia, Lucio Gómez, manifestó su preocupación ante la falta de pronunciamiento del viceministro de Transporte, Wilfredo Gutiérrez, sobre el fallo favorable a Perú, afirmando que la autoridad «no conoce los tratados internacionales ni sabe qué es la CAN (Comunidad Andina)».
Gómez expresó su decepción y afirmó que el sector del transporte boliviano ya preveía este resultado desfavorable debido a la falta de conocimiento y gestión adecuada en el proceso, mencionando que fue manejado por personas «que no saben del tema».
Ante esta situación, el sindicato convocará a una reunión nacional del transporte para analizar el fallo y, en caso necesario, tomar «algunas decisiones» para expresar su descontento y preocupación.
El dirigente de los chóferes, Víctor Tarqui, también se pronunció en rechazo al fallo y denunció la falta de equidad en el precio del combustible entre Bolivia y Perú, mencionando que el combustible boliviano está subvencionado mientras que en el país vecino es un costo real.
El fallo del TJCAN a favor de Perú se fundamentó en la diferencia de precios en el combustible que afectaba los costos logísticos de los transportistas, ocasionando una pérdida de competitividad del comercio exterior peruano.
El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo peruano (Mincetur) informó que el tribunal ordenó a Bolivia adoptar medidas para cesar la conducta contraria al ordenamiento jurídico comunitario andino en un plazo máximo de 90 días.
Esta decisión es definitiva y vinculante para los países andinos, y previamente, en agosto de 2020, la secretaría general de la CAN había declarado a Bolivia «en situación de incumplimiento del ordenamiento jurídico comunitario».
En Bolivia, el litro de gasolina y diésel tiene un costo subvencionado, pero los vehículos con matrícula extranjera pagan el precio internacional para evitar el contrabando de combustibles. Esta situación ha sido objeto de controversia en el ámbito comercial entre ambos países.
