La Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB) reveló este jueves un informe técnico sobre la mazamorra ocurrida en Bajo Llojeta, La Paz, en noviembre de 2024, donde concluye que hubo un incumplimiento de deberes por parte de la Alcaldía y que la tragedia pudo evitarse con medidas de prevención. En respuesta, el gobierno municipal descalificó el informe y acusó a la SIB de actuar con intereses ajenos.
El documento señala que se permitió la conformación de plataformas con rellenos de suelo sin supervisión técnica, lo que debilitó la zona afectada. Además, critica que se autorizó la construcción de viviendas en áreas de riesgo, pese a las advertencias sobre el impacto del cambio climático. “Ningún municipio debió permitir asentamientos en estos sectores”, indica el informe.
La SIB también denuncia que la Alcaldía omitió trabajos preventivos antes de la época de lluvias, como limpieza de escombros, dragado de materiales y mantenimiento de embovedados. “El municipio correspondiente conocía los riesgos, pero no tomó medidas”, declaró Raúl Daza, presidente de la SIB.
Daza reveló que la SIB recibió presiones de la Alcaldía para no publicar el informe. “Hemos sido amenazados con procesos penales, pero nuestra labor es técnica y objetiva”, sostuvo el ingeniero.
Desde la Alcaldía, el director de Gobernabilidad, Gonzalo Barrientos, rechazó el informe y culpó a la empresa Kantutani por los movimientos de tierra que, junto con las lluvias del 23 de noviembre, provocaron la mazamorra que dejó varios daños y la muerte de una niña.
Barrientos también cuestionó la imparcialidad de la SIB y sugirió que sus dirigentes tienen vínculos con Kantutani. “Algunos parecen estar más interesados en limpiar la imagen de la empresa que en esclarecer los hechos”, afirmó.
Además, la Alcaldía criticó que el empresario Luis Iturralde, representante de Kantutani, haya salido del país tras la tragedia. “Se le dictó detención domiciliaria en Perú con fines de extradición, pero aún no ha sido puesto a disposición de la justicia boliviana”, reclamó Barrientos.
Mientras las autoridades y la SIB se culpan mutuamente, los afectados por la tragedia en Bajo Llojeta continúan exigiendo responsabilidad y acciones concretas para evitar nuevos desastres.
