Una nueva denuncia política sacude al país en medio de la creciente conflictividad social. El dirigente de juventudes del Movimiento Al Socialismo, Bryan Cuba, afirmó este miércoles que sectores vinculados al evismo estarían impulsando un supuesto plan de desestabilización contra el presidente Rodrigo Paz.
Según Cuba, detrás de las movilizaciones y bloqueos se encontrarían dirigentes cercanos a Evo Morales, además del senador Nilton Condori, a quienes acusó de promover acciones para generar presión social y política sobre el actual Gobierno.
El dirigente aseguró que existen pagos económicos para incentivar la participación en protestas y bloqueos. “Nos están ofreciendo 500 bolivianos por joven en Cochabamba para participar en la Marcha por la Vida”, denunció, en referencia a la movilización que partió desde Caracollo.
Cuba también afirmó que se estaría pagando hasta 300 bolivianos por día a bloqueadores de carreteras, con el objetivo de profundizar las medidas de presión y paralizar distintas regiones del país. “La instrucción es cerrar negocios, bloquear y cercar La Paz”, sostuvo.
De acuerdo con su versión, las acciones serían coordinadas desde la sede de “Evo Pueblo” en la zona de Miraflores, en la ciudad de La Paz. El dirigente afirmó que allí se definirían estrategias de movilización y mecanismos para extender las protestas hacia El Alto y la sede de Gobierno.
Las declaraciones surgen en un contexto de alta tensión política y social, marcado por bloqueos, disputas internas dentro del oficialismo y crecientes cuestionamientos sobre la estabilidad gubernamental. Analistas advierten que la confrontación entre sectores del MAS podría intensificarse en los próximos meses.
Hasta el momento, ni Evo Morales ni Nilton Condori emitieron una respuesta oficial a las acusaciones. Sin embargo, sectores evistas han denunciado anteriormente persecución política y rechazado versiones que los vinculen con intentos de desestabilización.
La denuncia abre un nuevo frente de conflicto en el escenario político nacional. Mientras el Gobierno enfrenta movilizaciones y presión social, las acusaciones sobre pagos para sostener protestas podrían derivar en investigaciones y profundizar aún más la fractura interna del movimiento oficialista.
