En los próximos meses está previsto que se conozcan los laudos de tres arbitrajes internacionales y que podrían implicar nuevas pérdidas para el país de decenas o incluso centenas de millones de dólares.
Otros cinco casos también están en marcha y se cree que sus fallos serán en contra del Estado boliviano.
La situación se origina en el hecho de que el gobierno de Evo Morales no respetó los derechos de las empresas internacionales a las que nacionalizó, acciones que estaban motivadas por el interés del expresidente de “dar un regalo” al país cada 1 de mayo. El ministro de Economía era Luis Arce, el actual presidente.
Posteriormente, la deficiente defensa de los intereses nacionales hizo que se perdieran cada una de las demandas presentadas por las empresas internacionales. Los procuradores bajo cuyas gestiones se han perdido más casos son Héctor Arce, Wilfredo Chávez y Pablo Menacho.
El país ya ha perdido unos mil millones de dólares por haber violentado los derechos de los inversionistas extranjeros, siendo el caso más reciente el que estableció el Ciadi y por el que Bolivia debe compensar con 105 millones de dólares a la empresa BBVA por la nacionalización de la AFP Previsión.
El fallo del Ciadi sobre la AFP Previsión reveló que el monto avaluado y que fue usado como base para establecer los 105 millones de dólares de compensación fue establecido en base a un peritaje presentado por la empresa internacional ya que la Procuraduría no entregó su propia valuación.
Página Siete, que divulgó esa información, concluyó que esta omisión es una falla grave en el proceso de defensa de los intereses del Estado.
En los próximos meses se conocerán los resultados de los arbitrajes solicitados por la británica Glencore Finance Bermuda, por la expropiación de Vinto y Colquiri (675,7 millones de dólares); la estadounidense Compañía Minera Orlandini, por la expropiación de sus concesiones mineras en Oruro (monto por definir); y la estadounidense Dulon LLC (2,9 millones de dólares) contra Emapa, informó El Deber.
En una etapa posterior y hasta el próximo año podrían concluir los arbitrajes de las otras cinco empresas que han demandado al Estado boliviano, en procesos que involucran cientos de millones de dólares adicionales.
Entre ellas están las del caso de la boliviano-peruana Soboce, por la nacionalización de sus acciones de Fancesa (93,3 millones de dólares más intereses); de la suiza Zürich, por la nacionalización de sus acciones en la AFP Futuro (monto a definir); de la firma india Jindal Steel por la expropiación del Mutún (15 millones de dólares); la británica Shell (26 millones de dólares) contra YPFB; y de la española Copasa (monto por definir) contra la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) por la resolución de un contrato para la construcción de una carretera, agregó El Deber.
La suma total de las aspiraciones de esas empresas supera los 800 millones de dólares. Los casos se ventilan en la Corte Permanente de Arbitraje (CPA), la Cámara de Comercio Internacional (CCI) y la Grain and Feed Trade Association (Gafta).
El gobierno de Evo Morales intentó denunciar (eliminar) todos los acuerdos de protección inversiones que el Estado boliviano había firmado con diversos países, pero éstos tenían clausulas en sentido de que debían seguir vigentes por hasta 20 años tras su finalización por una de las partes.
Por ello es que las empresas afectadas han seguido defendiendo sus derechos.Consultados por Brújula Digital, los economistas José Gabriel Espinoza y Alberto Bonadona no auguran que en el futuro cambie la tendencia registrada hasta ahora referido a arbitrajes, en los que Bolivia ha perdido todos los casos.
“El fallo reciente de BBVA es un indicio del que se va a conocer próximamente referido a Futuro de Bolivia y la empresa Zurich. El Ciadi seguramente va a ordenar que, como ocurrió con BBVA, también se compense el valor de las acciones e incluso eventuales ganancias futuras”, dijo Espinoza.
Por su parte, Bonadona dijo que “debemos esperar situaciones similares a las ocurridas con el BBVA”. “Obviamente no será un laudo idéntico, existen diferencias, pero el resultado final sí podría ser tan lamentable en el caso de Zurich como el que hemos conocido por el de BBVA y la AFP Previsión. La cifra podría bordear los 105 millones de dólares, tal vez más o tal vez menos”, agregó a Brújula Digital.
Ambos economistas lamentaron que el gobierno no entregue información sobre cómo fueron defendidos los casos ante BBVA y los anteriores. La opinión pública simplemente se “sorprende” cuando el fallo contra Bolivia es difundido internacionalmente.
