En un pronunciamiento que estremeció al país, Romer Saucedo, presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), apuntó directamente al corazón del poder político al responsabilizar al Ministerio de Gobierno y a la Policía por no ejecutar la orden de aprehensión contra Evo Morales. “A quien le faltó hacer su trabajo fue al Ministerio de Gobierno”, sentenció.
Saucedo explicó que todas las instancias judiciales ya cumplieron con su labor: Fiscalía, jueces y procedimientos previos. “La Fiscalía imputó, emitió la orden y lo declaró rebelde. Los jueces también hicieron su parte”, recordó, dejando claro que la pelota está ahora en la cancha del Ejecutivo.
Pero su declaración más contundente fue un directo golpe al funcionamiento interno de la Policía. “No puede ser que digan: a Juan no le tengo miedo y lo aprehendo, pero a Pedro sí le tengo miedo y no lo hago”, afirmó. “No puede existir una institución valiente con unos y cobarde con otros”, remató, lanzando fuego político sobre la fuerza del orden.
Saucedo aclaró que los jueces no ejecutan órdenes, sino que las emiten, y que la Policía está obligada por ley a actuar sin preferencias ni cálculos políticos. “Deben cumplir su tarea, le toque a quien le toque”, enfatizó ante los medios.
El presidente del TSJ insistió en que ahora la responsabilidad total recae en el nuevo ministro de Gobierno, a quien —en sus palabras— “corresponde explicar cuándo y cómo se ejecutará la orden” contra Morales. Con ello, trasladó la presión a la máxima autoridad de seguridad interna del país.
Mientras el Gobierno guarda silencio, las declaraciones han reactivado un debate que parecía enterrado: ¿quién manda realmente sobre la Policía y por qué algunas órdenes se cumplen y otras no?
El pronunciamiento de Saucedo no solo reabre un capítulo judicial estancado, sino que desnuda una fractura institucional que puede escalar. “Esto ya no es un tema judicial, es un tema de voluntad política y de cumplimiento de la ley”, comentó una fuente del TSJ tras la conferencia.
El país ahora mira al Ministerio de Gobierno. Y la pregunta retumba con más fuerza que nunca:
¿Se ejecutará o no la orden contra Evo Morales?
