La subvención estatal al diésel y la gasolina en Bolivia, que permite precios significativamente más bajos que los internacionales, está desangrando las finanzas públicas del país. En 2023, el gobierno gastó cerca de 2.000 millones de dólares para garantizar el abastecimiento de carburantes, y en 2024 el presupuesto subirá a 2.900 millones de dólares, según el ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo.
“Esta política permitirá que el precio del diésel se mantenga en 3,74 bolivianos y el de la gasolina en 3,72, equivalentes a 0,53 centavos de dólar”, detalló Gallardo. Sin embargo, la sostenibilidad de esta medida está en entredicho debido al creciente déficit económico del país.
La disminución de la producción local de petróleo agrava el panorama. Mientras en 2014 Bolivia producía 18,6 millones de barriles anuales, en 2023 esa cifra se redujo a 8,6 millones, una caída del 54%. La dependencia de las importaciones cubre hoy el 86% del diésel y el 56% de la gasolina que se consume localmente, lo que ha generado períodos de desabastecimiento.
El contrabando de combustible hacia países vecinos añade presión. El “contrabando a la inversa” genera pérdidas anuales estimadas en 600 millones de dólares, según datos oficiales. En las fronteras, el precio del litro puede triplicar el costo local, incentivando esta práctica ilícita.
En respuesta, el Gobierno autorizó hace unas semanas la importación y comercialización de combustible por parte de privados, por un periodo de un año. Esta medida busca paliar la crisis inmediata, especialmente en sectores como el agrícola, donde la escasez de diésel ha frenado la producción de cultivos.
Los sectores productivos y transportistas han reaccionado con bloqueos y protestas. La Cámara Agropecuaria del Oriente denunció que el desabastecimiento afecta la seguridad alimentaria del país. “El domingo se cumplieron 40 días con problemas de diésel, según nuestro cronómetro,” advirtieron en un comunicado.
Para reducir la dependencia de importaciones, el Gobierno apuesta a la producción de biodiésel, un combustible elaborado a partir de soya. Actualmente hay una planta operativa en Santa Cruz y otra en construcción en El Alto. Sin embargo, esta solución genera polémica por su impacto ambiental y su viabilidad económica.
Finalmente, el presidente Luis Arce propuso un referendo para decidir el futuro de la subvención, pero la iniciativa fue desechada por el Tribunal Supremo Electoral debido a observaciones sobre la claridad de las preguntas y la falta de tiempo para su organización. Mientras tanto, Bolivia enfrenta uno de sus desafíos energéticos y económicos más complejos.
