Habitantes de la comunidad Seke Jahuira, en el municipio de Viacha, La Paz, denunciaron este lunes que enfrentan persecución y amenazas de muerte tras denunciar la contaminación causada por la actividad minera en la región. Los comunarios exigieron garantías para su seguridad y el cumplimiento de las normativas de protección medioambiental.
Renán Peña, Jiliri Mallku de Seke Jahuira, señaló que la situación en la comunidad es tensa debido a las represalias que han sufrido tras afectar los intereses económicos de los mineros. «Vivimos con miedo, cuidando nuestras espaldas, porque defender nuestro derecho a un ambiente sano nos ha convertido en blanco de amenazas», expresó Peña.
El conflicto comenzó tras un informe del 26 de agosto emitido por la Dirección de Gestión Ambiental y Riesgos de la Alcaldía de Viacha, que reveló la contaminación del pozo Sarh con cianuro, una fuente de agua clave para varias comunidades. Según el reporte, 23 empresas mineras operan en la zona y emplean procesos químicos que contaminan el acuífero.
La contaminación fue confirmada en julio cuando se selló el pozo, operado por la Empresa Procesadora de Minerales Jacha Kollo, cumpliendo una resolución de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS). El informe indicó la presencia de amoníaco, sulfato y cianuro en el agua, lo que afectó gravemente a la comunidad.
«Nos persiguen por exigir que dejen de contaminar nuestras tierras», denunció Emilia Chuquimia, una comunaria de Seke Jahuira, entre lágrimas. «Nos amenazan con palos y petardos cuando llevamos a pastar a nuestros animales. Dicen que estas tierras no son del Gobierno, sino de privados», relató.
Ante la gravedad de la situación, los asambleístas de Somos Pueblo, Samanta Coronado e Israel Alanoca, pidieron al alcalde de Viacha, Napoleón Félix Yahuasi, que revele si dirigentes locales han recibido sobornos de las empresas mineras para ocultar la contaminación.
Peña señaló que la comunidad, que solía depender de la producción de leche y la agricultura, ha sido gravemente afectada. «Casi la mitad de las familias ha migrado debido a la contaminación, y las seis familias que quedamos enfrentamos constantes amenazas», explicó el dirigente.
Los pobladores exigen al Gobierno el respeto a la Constitución y a las leyes que protegen el medioambiente, recordando que la contaminación de los recursos naturales no sólo afecta sus vidas, sino también la producción agrícola de la región.
