El periodista orureño Lamdo Gómez fue agredido y detenido por oficiales de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) mientras cubría la captura de un presunto asesino en la localidad de Huanuni, el pasado 5 de enero. Gómez denunció que los policías intentaron obligarlo a borrar imágenes captadas en su celular.
Según el relato del periodista, el conflicto comenzó cuando el teniente Hans Ríos le prohibió tomar fotografías y exigió que se retirara del lugar. “Mi cámara estaba apagada, pero me pidió que me retirara. Cuando me negué, empezó a forcejear conmigo e intentó doblarme el brazo,” explicó Gómez, quien también afirmó que fue detenido de manera arbitraria.
Durante el altercado, el oficial le arrebató el celular y ordenó su arresto. Gómez fue trasladado a celdas de la FELCC, donde el comandante de la institución, coronel Martín Tadeo Arequipa, le exigió que eliminara las imágenes almacenadas en su dispositivo. “Me dijeron que si se filtraban las fotos iba a tener serios problemas,” relató el periodista.
Gómez finalmente fue liberado, pero el incidente generó una ola de indignación entre el gremio periodístico. La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de Oruro emitieron comunicados enérgicos condenando el abuso policial y exigiendo respeto por la labor de los trabajadores de la prensa.
“Este acto constituye una flagrante vulneración a la libertad de expresión y de prensa. No es la primera vez que periodistas son víctimas de abusos policiales; existe un preocupante patrón de impunidad que debe ser erradicado,” se lee en el comunicado de la ANPB.
El caso ha puesto nuevamente en debate la protección a los periodistas en Bolivia. La vulnerabilidad del gremio ante agresiones y amenazas por parte de autoridades representa un desafío en un contexto donde la libertad de prensa está garantizada constitucionalmente.
Diversos sectores han solicitado una investigación exhaustiva del hecho y sanciones contra los responsables. “Exigimos que el Ministerio de Gobierno tome cartas en el asunto para evitar que estos atropellos se repitan,” expresó un representante del gremio en Oruro.
El incidente evidencia la necesidad de fortalecer los protocolos de actuación policial frente a la prensa y garantizar que los derechos de los periodistas sean respetados. Este caso se suma a una lista de abusos documentados que reclaman atención urgente de las autoridades.
