Daniel Ortega, presentó una polémica propuesta de reforma constitucional que consolida el poder en el Ejecutivo y redefine la estructura del Estado. La medida, fuertemente criticada por la oposición y la Organización de Estados Americanos (OEA), incluye la ampliación del mandato presidencial de cinco a seis años, la creación de una figura de «copresidencia» y la coordinación directa de los poderes del Estado por parte del Ejecutivo.
«La reforma formaliza un modelo de partido único y concentración totalitaria del poder,» denunció un representante de la oposición, quien agregó que esta iniciativa apunta a garantizar una sucesión dinástica en el poder por parte de Ortega y su esposa, Rosario Murillo, actual vicepresidenta.
Entre las disposiciones más controversiales, el proyecto propone la inclusión de la bandera del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) como símbolo patrio, estableciendo al país como un Estado «revolucionario». Este cambio ha sido interpretado como una maniobra para institucionalizar el control partidario sobre el Estado.
La creación de la Policía Voluntaria es otro punto crítico. Según organismos humanitarios, esta fuerza auxiliar ha actuado previamente como un grupo parapolicial, con denuncias de represión en protestas, especialmente durante la llamada «Operación Limpieza» de 2018. La propuesta también faculta al presidente para ordenar la intervención del Ejército en apoyo a la Policía Nacional.
El proyecto incluye medidas para vigilancia estricta sobre medios de comunicación y organizaciones religiosas. Se prohíbe a los medios divulgar noticias consideradas falsas y limita las actividades de organizaciones religiosas si estas «atentan contra el orden público».
La reforma también busca desconocer sanciones internacionales contra funcionarios o instituciones nicaragüenses. «Ninguna medida extranjera que viole el derecho internacional será reconocida por el Estado,» señala el texto.
Por último, se refuerza la posición de Nicaragua en el escenario internacional al destacar su apoyo a un «nuevo orden multipolar». «El Estado garantizará el cumplimiento de la histórica sentencia de 1986 contra Estados Unidos,» detalla la propuesta, haciendo referencia al fallo de la Corte Internacional de Justicia en favor de Nicaragua.
Esta reforma, que podría ser aprobada en primera legislatura esta semana, ha generado críticas y alarma dentro y fuera del país. «Este es un intento por formalizar un régimen autoritario y perpetuarse en el poder,» concluyó un analista político nicaragüense.
