Oficialistas y opositores coincidieron en pedir la extradición del exministro de Gobierno Arturo Murillo luego de conocerse este martes la captura de su exjefe de gabinete, Sergio Rodrigo Méndez, en Estados Unidos, por recibir sobornos por $us 582.00 en el marco de la compra irregular de gases lacrimógenos para el Estado boliviano en 2019.
El martes se conoció una investigación realizada por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por su sigla en inglés), por la cual de estableció acciones ilegales en la venta de gases lacrimógenos, a través de una empresa estadounidense, al gobierno boliviano durante la presidencia de Jeanine Añez. Por ese motivo se detuvo a Méndez, el 21 de mayo en Naples, Florida, acusado de cometer el delito de conspiración para cometer lavado de dinero. También fueron capturados Luis y Bryan Berkman (padre e hijo) y el empresario cochabambino con nacionalidad estadounidense Philip Lichtenfeld, quienes también estarían implicadas en esta transacción.
El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez (MAS), anunció que desde esa instancia legislativa se solicitará a la Cancillería realizar las gestiones para la extradición Murillo, quien además cuenta con ocho procesos, entre ellos, por la desaparición de droga de una incautación que se produjo en 2019.
“Vamos a promover desde el Senado, de manera oficial, ante la Cancillería y ante las instancias que corresponde, la extradición… Vamos a pedir de manera formal al Ministerio Público que se aceleren las investigaciones en todos los casos donde haya tenido algún grado de participación como ministro de Gobierno en la gestión de Jeanine Áñez”, declaró Rodríguez, según un reporte del Senado.
Con ese mismo criterio el gobernador y excívico cruceño Luis Fernando Camacho demandó la extradición de Murillo actualmente radicado en Estados Unidos.
“En su momento fuimos claros: el pueblo luchó contra el fraude, pero después los viejos políticos se apropiaron del poder y traicionaron nuestra lucha. El gobierno debe exigir y hacer todo lo posible para extraditar a todos los implicados en este caso de corrupción”, demandó el gobernador de Santa Cruz.
A ese criterio se sumó quien fuera ministro de la Presidencia de Añez, Jerjes Justiniano Atalá, señaló que Murillo debe ser procesado y extraditado por sobornos y el sobreprecio en la compra de gases lacrimógenos en 2019, durante el gobierno transitorio.
Justiniano sostuvo que la detención del allegado a Murillo en EEUU desvirtúa la denuncia que hizo la exautoridad, en sentido de que el proceso penal que se le sigue por este caso sea “ una persecución política”. Acotó que la investigación demuestra que hubo un sobreprecio en la compra de gases lacrimógenos.
En ese sentido, pidió al Gobierno tramitar la extradición de Murillo y procesarlo por los delitos de corrupción e enriquecimiento ilícito, cuando Bolivia enfrentaba la llegada de la pandemia del coronavirus.
El senador Erik Morón, de la alianza opositora Creemos, pidió a las autoridades gubernamentales y del Ministerio Público desbaratar a toda la “organización” que tenía Murillo en el gobierno de Añez, “sin importar el color político”.
Morón lamentó que en el gobierno de Añez se hayan hecho estos “negociados”, cuando el país necesitada recursos económicos para luchar contra la pandemia. En este caso, dijo que Murillo y su organización fueron más “asesinos” que la pandemia, porque atentaron contra los “bolsillos de los bolivianos”.
