El ministro de Educación, Omar Veliz, enfrenta una serie de acusaciones graves por presuntos actos de corrupción, entre los que se incluyen nepotismo, uso indebido de bienes y recursos públicos, tráfico de ítems y manipulación de cargas horarias. La denuncia fue presentada ante la viceministra de Transparencia Institucional, Susana Ríos, el pasado 20 de diciembre, por un denunciante cuya identidad permanece en reserva.
El documento presentado detalla que Veliz habría colocado a cinco familiares en cargos dentro del Ministerio de Educación desde su nombramiento, incurriendo así en nepotismo. Además, se señala que favoreció a su ahijada con un puesto de alto salario sin pasar por evaluaciones. “Es una falta de ética flagrante y un abuso de poder,” señala el texto de la denuncia.
Una de las acusaciones más preocupantes es el uso indebido de instalaciones públicas como vivienda privada. Según el denunciante, Veliz y su asesor de despacho habrían transformado espacios del ministerio en residencias personales, un acto que representa un claro abuso de bienes públicos.
El manejo irregular de los recursos económicos también figura en la denuncia. Veliz supuestamente destinó fondos destinados a talleres de evaluación para la compra de canastones dirigidos a organizaciones sociales afines a su gestión. Esto, según el denunciante, constituye un acto de malversación de fondos públicos.
Además, se acusa al ministro de tráfico de ítems y manipulación de cargas horarias en beneficio de personas allegadas a su entorno. Según el documento, estas acciones han generado un clima de desconfianza y deterioro en la gestión educativa del país.
El denunciante ha solicitado medidas urgentes para evitar la desaparición de pruebas y documentos clave del Ministerio de Educación. “Es necesario intervenir las oficinas y resguardar los discos duros, memorias y grabaciones para garantizar la transparencia en la investigación,” subraya el texto de la denuncia.
El Ministerio de Educación no ha emitido hasta el momento un pronunciamiento oficial sobre estas acusaciones. Mientras tanto, la presión pública y política sobre Veliz crece, alimentada por las denuncias de irregularidades que ponen en duda la integridad de su gestión.
La viceministra Susana Ríos se enfrenta ahora al reto de llevar adelante una investigación exhaustiva que esclarezca los hechos y determine las responsabilidades correspondientes en uno de los casos más controvertidos de la administración pública reciente en Bolivia.
