El Cabildo ciudadano realizado en Llallagua este viernes marcó un antes y un después en la relación de esa población con Evo Morales. En una decisión unánime, los pobladores lo declararon «enemigo del pueblo», responsabilizándolo por los violentos hechos que dejaron tres policías muertos y a toda la región paralizada por días.
«Llallagua vivió días de terror», afirmaron varios vecinos durante el acto público, donde también se declaró como “héroes y mártires” a los efectivos policiales asesinados mientras cumplían su deber. El sentimiento de dolor, indignación y pedido de justicia marcó las resoluciones adoptadas por el Cabildo.
“No olvidaremos jamás lo que vivimos. Bloquearon nuestras entradas, secuestraron la tranquilidad y ahora lloramos a nuestros policías muertos”, dijo una mujer durante su intervención. Los asistentes, en medio de aplausos y lágrimas, aprobaron una resolución de más de 10 puntos.
La primera decisión fue exigir la renuncia inmediata del alcalde Adalid Aguilar y sus concejales, acusados de negligencia durante el conflicto. El segundo punto fue la declaración formal de Evo Morales y sus seguidores como enemigos del pueblo llallagüeño, una señal clara del quiebre político con el evismo.
Otra de las determinaciones clave fue la solicitud de crear un cuartel militar con presencia permanente en la región, para garantizar la seguridad ante futuras amenazas. Esta medida busca evitar que se repitan los días de bloqueo, violencia y aislamiento total que vivieron recientemente.
El Cabildo también pidió sanciones ejemplares para los responsables materiales e intelectuales de los enfrentamientos, a quienes acusaron de haber instaurado un régimen de miedo. “No puede quedar impune el secuestro de nuestro pueblo”, dijo otro de los dirigentes comunales.
Además, los ciudadanos declararon el 12 de junio como el “Día de la Dignidad Llallagüeña”, en conmemoración a la jornada en la que las fuerzas policiales y militares ingresaron a restablecer el orden. “Ese día recuperamos la esperanza”, señalaron.
Finalmente, se determinó prohibir el ingreso de autos indocumentados, la venta de gasolina en bidones y se pidió al Gobierno nacional garantías para mantener la paz. El Cabildo también exigió la renuncia del Defensor del Pueblo, quien fue duramente cuestionado por su intento fallido de mediar en el conflicto.
