La Constitución Política del Estado establece en el Art. 106. I que “El Estado garantiza el derecho a la comunicación y el derecho a la información. II. El Estado garantiza a las bolivianas y los bolivianos el derecho a la libertad de expresión, de opinión y de información, a la rectificación y a la réplica, y el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión, sin censura previa”.
El pasado 21 de julio el Soberano salió a las calles por convocatoria del Colegio Médico y las esposas de los militares en defensa de policías detenidos y perseguidos. En la marcha pacífica se infiltraron grupos de militares y policías para iniciar violencia y de esta forma la Fiscalía active procesos contra lo movilizados, como pasaba en tiempo de las dictaduras. El gobierno masista manipuló los hechos y usó a servidores públicos para perseguir y encarcelar a ciudadanos que protestan porque NO están de acuerdo con las políticas y leyes INCONSTITUCIONALES, propias de gobiernos autoritarios que no permiten voces en contra de sus políticas nefastas. Así se muestra cooptación del poder por masistas, tratando de cubanizar la protesta legítima, como demostró el abogado Jorge Valda en la audiencia del sábado 23, cuando se identificó a 4 militares de inteligencia vestidos de civiles arrestados, y 3 jóvenes marchistas habían sido detenidos. Lamentablemente, la Fiscalía solo procesó e hizo encarcelar a los 3 jóvenes y dejó en libertad a los militares infiltrados, registrados con nombres falsos. Ellos quedan en la IMPUNIDAD, pese a que en el acta de requisa figura que fueron encontrados credenciales y celulares con nombres falsos.
Los militares detenidos eran 3 tenientes y 1 suboficial que, en confabulación con inteligencia de la policía, montaron este proceso para detener a 3 jóvenes activistas. Estos 4 militares “infiltrados” fueron identificados como parte de grupos violentos. En la marcha esos militares portaban petardos e inculparon a jóvenes movilizados. Obviaron a los grupos de choque del MAS, organizados con protección de “inteligencia” policial del Ministerio de Gobierno, por lo que criminalizaron los petardos y permitieron el uso de dinamitas contra el Soberano.
Se tiene antecedentes sobre que en las movilizaciones de los cocaleros de ADEPCOCA, muchos vecinos denunciaron a los uniformados por infiltrarse vestidos de civil en las movilizaciones de septiembre y octubre de 2021, dinamitando y apedreando, generando violencia. Según videos y testimonios de los vecinos, para inculpar a los cocaleros que terminaron procesados por los conflictos y la Fiscalía, quedando en la IMPUNIDAD los infiltrados.
Un exjefe de la Policía manifestó a Página 7 que esos grupos de inteligencia operan de esa forma desde el caso Chaparina en 2011, cuando intervinieron violentamente la marcha indígena. “Están monitoreando a través de agentes encubiertos (a diferentes sectores), en especial a los de oposición, los llaman buzos, sapos, informantes, soplones, siempre utilizan un seudónimo y les proporcionan identificación falsa. También monitorean las redes sociales”, el uniformado pidió la reserva de su identidad.
Estamos frente al mandato del ALBA que cumple el masismo, que en su Punto.1.4, “Por la fuerza AUN sin razón”, expresa: “La fuerza de la victoria en la política. La violencia debe ser nuestro principio. El Engaño y la hipocresía son las reglas de oro de aquellos gobiernos que no quieran caer ante un nuevo poder. No nos detendremos innecesariamente ante la corrupción, la compra de conciencias, la impostura y la traición, porque con ellas serviremos a la causa. En política no dudaremos en confiscar la propiedad, si de este modo podemos lograr sumisión y poder. Una vez que nos hayamos apoderado de todos los poderes del Estado, cerrarán los ojos ante todo. Prometeremos restituirles las libertades confiscadas una vez que los enemigos del gobierno, al igual que todas las oposiciones, hayan sido reducidos a la impotencia. No es necesario aclarar que esperan indefinidamente la vuelta al pasado”.
Por ello debemos recuperar los principios establecidos en la Constitución, la ética y la moral que debe gobernarnos y no permitir que ese mandato del ALBA siga destruyendo nuestra amada Bolivia.
