La Fiscalía Anticorrupción volvió a encender las alarmas en el caso Fondo Indígena tras revelar que ocho proyectos en ocho comunidades generaron un daño económico al Estado, señalando entre los implicados a la exdiputada del MAS, Lidia Patty. El fiscal Miguel Ángel Cardozo confirmó que “se le habrían realizado diferentes depósitos a sus cuentas bancarias”, aunque aclaró que por el momento no existe citación ni orden de aprehensión formal.
El anuncio llegó acompañado de un operativo sorpresivo: una comisión de fiscales y policías intervino las oficinas del Fondo Indígena en La Paz, revisó archivos y salió con cajas de documentos incautados. La institución, creada en 2005 durante el gobierno del MAS, administró millones para proyectos productivos que, según auditorías previas, en varios casos nunca se ejecutaron.
Horas después, el caso tomó un giro político. La Fiscalía emitió una orden de aprehensión contra Patty, hecho que provocó una dura reacción del exdiputado Rafael “Tata” Quispe, impulsor inicial de la investigación. “Están aprehendiendo a los ispis y no a los tiburones”, denunció, asegurando que existen autoridades de mayor jerarquía que deben ser investigadas.
Quispe afirmó que entregó “una lista completa de implicados” al despacho del vicepresidente Edmand Lara y lo instó a cumplir su compromiso público de impulsar todas las investigaciones anticorrupción. “Aquí no se trata de proteger a nadie. Quiero ver que Lara honre su palabra”, declaró.
El exdiputado también sostuvo que la aprehensión de Patty podría tener un trasfondo político vinculado a su rol en el caso denominado “golpe”, aunque remarcó que “si está implicada en el desfalco, debe responder ante la justicia”. Aseguró además poseer documentación que respalda su investigación original.
Este caso recuerda que la crisis del Fondo Indígena lleva una década de arrastre. En 2015, la Contraloría reveló 153 proyectos inconclusos a pesar de haber recibido financiamiento, abriendo la puerta a una de las mayores denuncias de corrupción de la era del MAS.
En julio de 2025, la Fiscalía General presentó acusación formal contra Nemesia Achacollo y otras 13 personas, reforzando la dimensión del daño económico generado. Con la nueva intervención y la reaparición de Patty en el centro de las denuncias, el caso vuelve a sacudir a la política nacional.
Por ahora, la investigación sigue abierta y con un mensaje claro: la red de responsabilidades aún no está completamente revelada, y el caso Fondo Indígena promete nuevas tensiones en las próximas semanas.
