La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) identificó seis “observaciones preliminares” en el juicio a la expresidenta Jeanine Añez y otros ocho acusados, y que tuvieron un «efecto en el debido proceso”.
La Misión Técnica de la OACNUDH ha realizado una observación al proceso judicial en el caso denominado “golpe II”, a pedido de las autoridades competentes y luego de la aceptación del órgano Judicial y las partes del proceso. Este viernes publicó un informe preliminar.
En el reporte precisa que fueron 28 sesiones en juicio oral, hasta que el 10 de junio el Tribunal de Sentencia Primero Anticorrupción condenó a 10 años de prisión a Añez, a lo excomandantes Williams Kaliman y Vladimir Calderón; a cuatro años a Jorge Fernández y Sergio Orellana Centellas; a tres años a Gonzalo Mendieta; y a dos años a Gustavo Arce.
La Misión ha centrado su observación en el debido proceso y en la transparencia de los procedimientos judiciales con base en los estándares internacionales, así como la jurisprudencia internacional, incluso los Tratados de Derechos Humanos ratificados por el Estado boliviano, dice el documento.
1. Una de las primeras observaciones es al tipo penal de «incumplimiento de deberes», señala que es “incompatible con el principio de legalidad”, además de ser “excesivamente amplio y ambiguo”.
2. En relación al uso excesivo de la detención preventiva, señala que se observó una “acumulación de detenciones preventivas por los mismos hechos bajo diferentes delitos”. Señalan que esta medida de acuerdo al derecho internacional tiene un carácter excepcional en su uso.
3. Señalaron que tanto las medidas sobre la pandemia contra el Covid-19, así como las alteraciones al orden público “tuvo un impacto en el principio de publicidad” respecto al acceso del público y de los medios de comunicación. Asimismo, se afectó el principio de inmediación, en relación al contacto director del juez con los sujetos del proceso. Identifica que en especial se afectó a las tres personas detenidas preventivamente. “La restricción a la presencialidad física de personas acusadas en su propio juicio exige condiciones más estrictas con vistas a garantizar plenamente sus derechos”.
4. Señalan que como norma general los juicios en “ausencia” o en “rebeldía” deben evitarse por el impacto que puede tener en las personas acusadas que tienen derecho a la defensa.
5. La decisión del Tribunal de Sentencia de no exigir la comparecencia de testigos afectó a todas las partes en sus derechos procesales.
6. “La participación de numerosas partes acusadoras, entre las que se encontraba la Fiscalía, la Procuraduría General del Estado, el Ministerio de Gobierno y un senador “afectó el equilibrio procesal”.
