La empresa Kantutani, propietaria del Cementerio Los Andes, solicitó una auditoría técnica e independiente para determinar responsabilidades públicas y privadas en la mazamorra que el pasado sábado cobró la vida de una menor, dejó heridos y causó severos daños en la zona de Llojeta, en La Paz.
“Este es un tema delicado. No se puede culpar a nadie sin una auditoría imparcial que evalúe los aspectos técnicos que pudieron incidir en el desenlace”, afirmó la empresa en un comunicado.
Kantutani aclaró que los trabajos de estabilización en el área se realizaron con el conocimiento de la Alcaldía de Achocalla, que además participó en tareas de supervisión previas. Según la empresa, el municipio de La Paz también estuvo involucrado en estas inspecciones.
La firma también se pronunció sobre la detención del arquitecto Luis Y., propietario de Kantutani, quien fue aprehendido en Chile. La empresa explicó que “su viaje estaba programado con fines médicos tras un incidente sufrido días antes”, descartando cualquier intención de fuga.
Para Kantutani, la única forma de esclarecer los hechos es mediante una auditoría independiente que “brinde respuestas objetivas a la población y, especialmente, a las familias afectadas por el desastre”.
El alcalde de La Paz, Iván Arias, había señalado previamente que los trabajos realizados por la empresa fueron un factor determinante en la tragedia. “El responsable es el empresario del cementerio, que hizo un movimiento de tierras irresponsable”, aseguró.
Mientras tanto, las familias damnificadas exigen justicia y soluciones inmediatas. “Queremos saber quiénes son los responsables y que se asuman las consecuencias. No podemos seguir viviendo con esta incertidumbre”, señaló uno de los afectados.
El caso ha generado un debate público sobre la necesidad de fortalecer la supervisión de obras y garantizar la seguridad en zonas vulnerables, mientras se espera que las investigaciones avancen para identificar las causas exactas del desastre.
