La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz dictó este miércoles un fallo a favor de la acción popular que interpusieron padres de familia y el magisterio contra la resolución del Ministerio de Educación que clausuró el año escolar 2020.
Según el fallo, el Ministerio de Educación tiene un plazo máximo de 10 días hábiles para desarrollar una política pública integral para garantizar la enseñanza.
«Se instruye a que el nivel central a través del Ministerio de Educación en un plazo no mayor a 10 días hábiles, provea una política pública integral para garantizar por todos los medios el derecho a la educación de todos los ciudadanos en edad de escolarización tomando en cuenta a todos los actores participantes de la educación. Debiendo asumir su responsabilidad y no evadirla bajo ninguna circunstancia», se lee en el dictamen del Tribunal de Acción Popular.
El 2 de agosto, el Gobierno determinó, mediante una resolución ministerial, la clausura del año escolar. Esta medida se dio debido a los elevados números de contagios de coronavirus en todo el territorio boliviano, y que exponer a los estudiantes a la pandemia sería una irresponsabilidad.
