En su Informe Mundial de 2024, Human Rights Watch (HRW) contradice las acusaciones de terrorismo contra Luis Fernando Camacho y Jeanine Áñez, afirmando que no se encontraron pruebas sustanciales que respalden los cargos. El informe destaca preocupaciones sobre el uso de definiciones legales amplias y la falta de fundamentos en los casos judiciales.
Según HRW, la expresidenta Áñez, en prisión desde 2021 y acusada inicialmente de terrorismo, enfrenta una acusación que carece de fundamento y es manifiestamente desproporcionada. El informe subraya la necesidad de revisar las leyes bolivianas y garantizar juicios justos, especialmente en casos donde las acusaciones son vagas.
El caso de Camacho y Áñez forma parte del denominado «Golpe de Estado I», donde la Fiscalía los acusa de coordinar acciones para derrocar a Evo Morales en 2019. HRW señala que estas acusaciones son parte de una tendencia en Bolivia, donde sucesivos gobiernos han utilizado definiciones amplias de «terrorismo» contra opositores políticos.
La organización también destaca la falta de independencia judicial en Bolivia, afirmando que el sistema judicial ha sufrido interferencia política durante años. La promesa incumplida del presidente Luis Arce de reformar la justicia para garantizar su independencia es un punto de preocupación.
El informe aborda el retraso en las elecciones judiciales, atribuyéndolo a la falta de mayoría del oficialismo para seleccionar candidatos. HRW critica prácticas anteriores donde el partido en el poder llenaba las listas con personas vinculadas al gobierno. Además, señala que la Constitución no contempla nombramientos temporales ni prórrogas, generando incertidumbre sobre la continuidad de las autoridades judiciales.
En respuesta al informe, destacados defensores de derechos humanos en Bolivia han expresado la urgencia de reformar las leyes y fortalecer la independencia judicial para salvaguardar los derechos fundamentales y garantizar un sistema legal justo y transparente.
