La diputada de Comunidad Ciudadana (CC), Janira Román, denunció que el Ministerio de la Presidencia destinó Bs 1,2 millones en un contrato de vallas publicitarias para difundir propaganda del presidente Luis Arce. La legisladora criticó el gasto excesivo en plena crisis económica, señalando que el Gobierno desembolsa más de Bs 35.000 diarios para este servicio.
“El Gobierno gasta 1,2 millones de bolivianos para vallas, lo que significa un gasto por día de más de 35.000 bolivianos, todo con dinero del pueblo. Sólo la población tiene que amarrarse los cinturones, hacer inmensas colas por combustible y alimento, pero para paliar las necesidades del pueblo no hay con qué”, cuestionó Román.
El contrato, denominado «servicio de difusión de publicidad vial en vallas», fue suscrito el 4 de marzo y tiene una duración de 34 días calendario. En el documento se especifica que la Presidencia pagará Bs 1.193.332 por la colocación de gigantografías, lo que representa un gasto exacto de Bs 35.098 diarios.
Román acusó al Gobierno de utilizar recursos estatales para la campaña electoral de Arce, en lugar de destinar esos fondos a mitigar la crisis. “Para eso quieren los créditos, para la campaña de Luis Arce, y este gasto es la gran prueba. Creen que le limpiarán la imagen al economista fracasado”, afirmó.
La denuncia surge en un contexto donde el país enfrenta escasez de combustibles y alimentos, lo que ha obligado a la población a realizar largas filas para abastecerse. Según la diputada, estos problemas evidencian la falta de políticas efectivas del Gobierno para atender las necesidades urgentes de la gente.
El gasto en publicidad gubernamental ha sido un tema recurrente de críticas en Bolivia. Legisladores de oposición han advertido que millones de bolivianos se destinan a propaganda estatal, mientras sectores como salud, educación y producción enfrentan déficits presupuestarios.
Hasta el momento, el Ministerio de la Presidencia no se ha pronunciado sobre la denuncia de Román ni ha explicado la justificación del gasto en publicidad en un contexto de crisis económica. Entretanto, la polémica crece y la ciudadanía cuestiona si estos recursos deberían ser utilizados en otras áreas prioritarias.
