El gobierno del presidente Luis Arce en Bolivia está siendo criticado por un proyecto de ley que plantea la posibilidad de encarcelar a periodistas por difundir o incitar al racismo. El proyecto de Ley 305, que busca cumplir con compromisos internacionales en materia de derechos humanos, incluiría la figura de «Difusión e incitación al racismo o a la discriminación» en el Código Penal boliviano, lo que podría llevar a los periodistas y medios de comunicación a enfrentar hasta siete años de cárcel.
La polémica no es nueva en Bolivia, ya que en 2010 el régimen del Movimiento al Socialismo (MAS) intentó incluir dos «artículos mordaza» en el proyecto de Ley 045, que buscaba luchar contra el racismo y toda forma de discriminación. Ahora, la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) ha calificado el proyecto avalado por el Ministerio de la Presidencia como atentatorio contra la libertad de expresión, libertad de prensa y la Ley de Imprenta.
El presidente de la APLP, Raúl Peñaranda, señaló que el proyecto del Ejecutivo representa un grave riesgo de interpretación, ya que cualquier información que se brinde sobre ciertos grupos podría ser interpretada como racismo. Asimismo, Peñaranda recordó que en 2012 el entonces presidente Evo Morales denunció penalmente a los editores de dos periódicos y una agencia informativa por «racismo», cuando estos medios informaron sobre una polémica generada por declaraciones del mandatario sobre la pobreza en Santa Cruz.
Por su parte, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, ha negado que el gobierno esté atentando contra la libertad de expresión y ha señalado que el Ejecutivo es defensor de la misma. Alcón también ha indicado que la Ley de Imprenta está en completa vigencia y que el gobierno trabajará con todos los sectores antes de imponer alguna normativa.
La preocupación por la libertad de expresión y prensa no solo se ha generado en Bolivia, sino también en la comunidad internacional. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) de Chile han expresado su rechazo al proyecto de ley y han instado al gobierno boliviano a respetar la libertad de expresión y la independencia de los medios de comunicación.
En definitiva, el proyecto de ley planteado por el gobierno boliviano ha generado preocupación tanto a nivel nacional como internacional. La posibilidad de que periodistas y medios de comunicación enfrenten hasta siete años de cárcel por difundir información que pueda ser interpretada como racista ha generado críticas y llamados a proteger la libertad de expresión y prensa en el país.
