Tres ambulancias atacadas y al menos 50 personas heridas es el saldo que dejan las protestas violentas protagonizadas por seguidores del expresidente Evo Morales, quienes bloquean carreteras desde hace seis días con el objetivo de forzar su habilitación como candidato, informó este sábado el director general de Redes de Servicios de Salud, Yecid Humacayo.
“Tenemos un reporte actualizado de 50 personas atendidas por nuestro sistema de salud en coordinación con los entes gestores, a través de la Autoridad de Fiscalización de la Seguridad Social a Corto Plazo y el Ministerio de Salud”, indicó la autoridad en conferencia de prensa.
Del total de heridos, 33 son efectivos policiales, 16 profesionales en salud y un civil. La mayoría presenta traumatismos y lesiones provocadas por la explosión de artefactos en los puntos de bloqueo. “Algunos fueron agredidos mientras prestaban servicios de emergencia”, detalló Humacayo.
Dos pacientes continúan internados en el Hospital de la Caja Nacional de Salud en Cochabamba. Uno de ellos es un policía con una fractura en el brazo izquierdo, que requiere cirugía, y el otro, un médico que sufrió un corte profundo en el brazo y será sometido a limpieza y reparación quirúrgica.
El Ministerio de Salud confirmó el ataque a tres ambulancias, la primera en Oruro, la segunda el viernes en Cochabamba, y la más reciente en la madrugada del sábado, cerca del río Khora, donde además fue secuestrado el vehículo de emergencia.
Las autoridades sanitarias, incluyendo la Caja Nacional de Salud y la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo, exhortaron a los bloqueadores a garantizar el paso libre de ambulancias y permitir el traslado urgente de pacientes y personal médico.
“La atención médica no puede ser interrumpida por ningún motivo. Exigimos respeto por la vida y la labor del personal de salud”, advirtió el Ministerio mediante un comunicado emitido esta mañana.
Las movilizaciones, que afectan a varios departamentos del país, han sido duramente criticadas por distintos sectores que cuestionan el uso de la violencia y el impacto sobre los servicios básicos. El conflicto se intensifica mientras crece la presión sobre el Gobierno para restablecer el orden y proteger a los profesionales en primera línea.
