El Estado boliviano destinó más recursos al sector minero que a la protección y gestión del medioambiente en el presupuesto consolidado de 2024, según un análisis de la Fundación Jubileo. Mientras la minería recibió el 3% del total presupuestado (Bs 3.481 millones), el medioambiente solo obtuvo el 2% (Bs 2.315 millones).
De los recursos destinados al medioambiente, un 75% se empleó en gastos corrientes, y apenas el 25% fue asignado a proyectos de inversión. Estas partidas están orientadas principalmente a la regulación de actividades ambientales, manejo de desechos, y protección de recursos como el aire, suelo, agua, fauna y flora.
El análisis también reveló que la mayor parte del presupuesto ambiental provino de los gobiernos municipales, que asignaron el 10% de sus ingresos (Bs 17.569 millones) a este ámbito. Sin embargo, estos recursos se concentran en el manejo de desechos (62%) y aguas residuales (22%), dejando poco margen para otros proyectos ambientales.
Por su parte, el nivel central del Estado destinó apenas el 1% de su presupuesto al medioambiente (Bs 453 millones), mientras que las gobernaciones asignaron aún menos, con Bs 119 millones, lo que representa el 3% de su presupuesto.
«Es preocupante que no se priorice el medioambiente, considerando la crisis ecológica global», comentó la senadora Cecilia Requena, quien advirtió que el presupuesto para 2025 no refleja cambios significativos. Según datos preliminares, solo el 0,04% de la inversión pública se destinará a medioambiente (Bs 12 millones), mientras que el sector minero recibiría un 7% (Bs 1.830 millones).
Requena también cuestionó que el proyecto del PGE 2025 autorice al Ministerio de Economía a negociar bonos de carbono mediante un reglamento, cuando «esta regulación debería hacerse a través de una ley para proteger mejor el medioambiente y los derechos de los pueblos indígenas».
Otro punto crítico señalado fue la exención de impuestos a los cultivos destinados al agrodiésel, medida que, según la senadora, «fomenta la deforestación y profundiza el desastre ecológico». En su lugar, propuso avanzar hacia una transición energética sostenible.
Finalmente, la legisladora criticó la falta de balance en el presupuesto 2025, donde el turismo apenas recibiría el 0,6% de la inversión pública, a pesar de su potencial para generar divisas y preservar el entorno. «Es necesario replantear las prioridades del gasto estatal para garantizar un desarrollo más sostenible», concluyó Requena.
