La corrupción vuelve a golpear a una empresa estatal. Millonarios patrimonios sin justificar, depósitos sospechosos y contratos modificados al margen de la ley salpican al exgerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), Franklin Flores, y a otros dos exfuncionarios, hoy bajo investigación por delitos de enriquecimiento ilícito, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
Flores fue aprehendido este martes en el domicilio de su cuñado, donde la Fiscalía secuestró documentos vinculados al caso. Posteriormente fue trasladado al Ministerio Público, donde decidió guardar silencio durante su declaración informativa. “Tenemos todos los informes técnicos legales para demostrar que la planta funciona”, se limitó a decir el exejecutivo ante los medios.
La investigación reveló que entre 2022 y 2025, Flores percibió un salario total de Bs 700.000, pero acumuló un excedente no justificado de Bs 209.150, presuntamente alimentado por depósitos realizados por otros funcionarios de Emapa. El caso apunta directamente a una red interna que habría desviado recursos públicos durante la construcción de la planta procesadora de papa en El Alto.
Entre los implicados figura Daniela Elena A., fiscal de obras civiles, quien presentó un incremento patrimonial injustificado de Bs 61.290. Además, se descubrió que omitió controlar el derecho propietario del terreno donde se levantó la planta y emitió dos informes de contratos modificatorios sin observaciones, a pesar de que estos incumplían el artículo 89 del Decreto Supremo 181, que exige justificación técnica para cambios de esta naturaleza.
Otro de los investigados es Marvel Javier V. O., exgerente financiero, quien acumuló Bs 1.400.900 fuera de su perfil económico y adquirió cuatro vehículos, uno de ellos pagado completamente en efectivo. Su paso intermitente por el cargo no impidió que amase un patrimonio que hoy levanta sospechas de enriquecimiento ilícito.
El proyecto bajo investigación fue adjudicado el 9 de noviembre de 2022 a la empresa Piloto SRL y Asociados para la construcción de la Planta de Transformación, Centro de Acopio y Almacenamiento de papa. Sin embargo, la obra se ejecutó con dos contratos modificatorios irregulares que alteraron precios e ítems sin justificación técnica ni causas extraordinarias, violando la normativa vigente.
Pese a las irregularidades, la planta llegó a operar parcialmente entre enero y julio de 2025, con apenas 36 días de procesamiento de papa y 50 días de puré, empleando a más de 60 trabajadores asalariados con fondos públicos. Lo más grave: la investigación reveló que el terreno de 2,5 hectáreas donde se construyó no pertenece legalmente a Emapa, pues el convenio firmado con la Alcaldía de El Alto en 2022 nunca se consolidó en derecho propietario.
El caso, que pone en entredicho la gestión de una de las principales empresas estatales del país, sigue en etapa investigativa. Sin embargo, para la Fiscalía, hay indicios claros de que “el patrimonio de los involucrados no corresponde a sus ingresos declarados” y que se usaron recursos del Estado en beneficio personal. El futuro judicial de Flores y sus excolaboradores podría marcar un nuevo capítulo en la lucha contra la corrupción en el aparato público.
