La corrupción que hoy se investiga por la adquisición de gases lacrimógenos en la gestión 2019 trata de salpicar hasta a la entonces presidenta Jeanine Áñez, por la firma de tres decretos que autorizaron dicha adquisición; sin embargo, el “pecado original” nace en su antecesor, Evo Morales con la ley que permite la compra directa y sin impuestos de estos materiales.
El investigador jurídico Franz Barrios, recordó que está vigente la Ley 400 de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros materiales, que Morales promulgó en septiembre de 2013, en la que se incluye la figura de adquisición de manera directa, es decir sin licitaciones, además de permitir al Ministerio de Defensa evadir el tributo fiscal respectivo.
“El Ministerio de Defensa en función a los requerimientos y necesidades de las Fuerzas Armadas, en casos de peligro y/o amenaza a la seguridad y defensa del Estado, adquirirá de manera directa armas de fuego, municiones, explosivos, material bélico y otros materiales relacionados, de acuerdo a reglamentación”, señala el art. 32 de Adquisición Extraordinaria.
“II. Este procedimiento queda exento de todo pago, de todo impuesto o tributo, ya sean fiscales, aduaneros o municipales”, añade el mismo artículo de la Ley 400.
“Si la justicia sospecha de la emisión Decreto Supremo 4116 de diciembre de 2019, entonces debe coprocesar a Evo Morales Ayma, David Choquehuanca Céspedes, Juan Ramón Quintana Taborga, Rubén Aldo Saavedra Soto, Juan Carlos Calvimontes Camargo, Nemesia Achacollo Tola, Amanda Dávila Torres, Lilly Gabriela Montaño Viaña, Lucio Marca Mamani, entre otros “wiphaleños” quienes fueron parte de su tratamiento, sanción y promulgación; reitero, con tales irregulares permisiones que inducen a la corrupción”, escribió Barrios.
El jurista sugirió a los actuales parlamentario de oposición conformar una comisión en la Asamblea Legislativa, “que investigue todos los irregulares procesos de compra de armas de fuego, municiones, explosivos, material bélico y otros materiales relacionados, de manera directa y eximidos de todo impuesto o tributo, desde hace ocho años, al amparo de la Ley 400 de 2013”.
El Gobierno aprovechó el escándalo de la detención del exministro de Gobierno, Arturo Murillo, en Estados Unidos, para tratar de implicar, a nivel interno, en el caso de presunto sobreprecio en la compra de material antidisturbios de noviembre de 2019, a Áñez y todo su gabinete, por la firma de tres decretos que activaron esa adquisición.
Sin embargo, según reveló el abogado Gary Prado, todo el proceso de compra ya había sido abierto en la última fase de gestión del entonces ministro de Gobierno de Evo Morales, Carlos Romero, en octubre de 2019, antes de la crisis política que terminó con la renuncia y huida de Morales y su cúpula del poder.
En EEUU, el Buró Federal de Investigación (cuya sigla en inglés es FBI), abrió el caso contra el exjefe de gabinete de Murillo, Rodrigo Méndez, por el movimiento irregular en cuentas de bancos norteamericanos por 600 mil dólares. La denuncia estableció los posibles delitos de soborno y conspiración en lavado de dinero del total de $us 5 millones que movió la firma Bravo Tactical Solutions LLC.
Junto a los dos bolivianos se investigó y detuvo a los empresarios Luis Berkman, Bryan Berkman y Philip Lichtenfeld. Dos de ellos lograron el pago de fianzas por encima de los 300 mil dólares y Murillo deberá comparecer en audiencia el 7 de junio, cuando el Juzgado Federal de Florida determine su situación procesal, que podría derivar en una sentencia de uno a 20 años de cárcel.
En Bolivia el caso de presunto sobreprecio no avanzó y solo en enero se comenzó a trabajar la “etapa preparatoria” desde la Fiscalía General. Una serie de allanamientos a viviendas de Murillo y su familia terminó la semana con la aprehensión de su hermana Magda Murillo, su cuñado Leonardo Aliss, y los policías, capitán Daniel Bellot, exedecán del otrora ministro, y el oficial Ívar Víctor Gómez.
