En menos de dos meses, han sido “perseguidos” y detenidos al menos 14 líderes de diferentes organizaciones sociales que lideraron protestas contra el Gobierno. Acusan a las autoridades gubernamentales de penalizar y castigar, a través de la Fiscalía y la Justicia, a las cabezas dirigenciales por exigir que sus demandas sean escuchadas.
Seis dirigentes de la Asociación Departamental de Productores de Coca están con detención preventiva y domiciliaria; cuatro dirigentes del Magisterio Urbano de La Paz fueron aprehendidos tras la toma del Ministerio de Trabajo; este fin de semana tres dirigentes cívicos de Puerto Quijarro fueron aprehendidos por la muerte de una persona durante el paro indefinido por el censo y el presidente del Comité por Santa Cruz guarda detención domiciliaria las 24 horas, sin derecho a salir al trabajo.
Detenidos de Adepcoca
“Lo que el gobierno quiere hacer es minimizar las marchas, hacer callar a los dirigentes. Esta estrategia está muy equivocada. Al detener dirigentes no está buscando solución, sino está buscando la confrontación, por eso el pueblo está con estas medidas de presión”, aseguró Diego Cahuapaza, ejecutivo de la Federación Provincial Sud Yungas Chulumani.
Después de la toma del mercado paralelo de la coca por miembros de la Adepcoca, el Ministerio Público activó mecanismos de persecución penal contra seis dirigentes. La Fiscalía ordenó su aprehensión y pidió su detención carcelaria o domiciliaria, fueron imputados por 15, 14 o 13 delitos cada uno.
Entre estos están: Freddy Machicado, presidente de Adepcoca; Raúl Uría, el dirigente de la Juventud Yungueña; Cesar Apaza, presidente del Comité de Autodefensa de Adepcoca; Gudelia Botitano, dirigente de Cofecay; Porfirio Rivero; y Rosalba Vargas, vicepresidente del Comité de Autodefensa de la Adepcoca.
