Por primera vez en 17 años, el gobierno de Bolivia ha admitido que el país se está transformando en un importante centro de producción de cocaína, en lugar de ser simplemente un lugar de tránsito y cultivo de hojas de coca. Si bien Bolivia, junto con Colombia y Perú, se ha mantenido como uno de los mayores productores de coca del mundo, el gobierno solía argumentar que la producción de cocaína lista para su consumo era mínima.
Sin embargo, en un cambio de postura, el gobierno anunció esta semana la destrucción de un gran número de laboratorios en la región tropical del Chapare, uno de los principales sitios de cultivo de hoja de coca y un bastión político del expresidente izquierdista Evo Morales.
El ministro de Gobierno (Interior), Eduardo Del Castillo, informó a los periodistas sobre esta situación, declarando que «de los 37 mega laboratorios que hemos destruido en 2023 hasta agosto, 27 se encuentran en el municipio de Villa Tunari, provincia Chapare, esa es la zona donde se está cristalizando el clorhidrato de cocaína». Del Castillo añadió que «intentan convertir nuestro país ya no en un país de tránsito de drogas, sino en un país productor de droga».
Carlos Toranzo, un economista boliviano experto en temas de narcotráfico, señaló que detrás de este cambio en la retórica gubernamental están las crecientes tensiones dentro del partido Movimiento al Socialismo (MAS) sobre quién liderará en las elecciones que se celebrarán en dos años: el actual presidente Luis Arce o el expresidente Morales. Toranzo afirmó: «¿Qué está en medio? La candidatura (presidencial) para 2025, cada uno quiere sacar del juego al otro. En Bolivia vivimos una disputa entre dos facciones del MAS, una que señala a los otros (diciendo) que son protectores del narcotráfico».
Este reconocimiento de la transformación de Bolivia de un lugar de tránsito a un centro de producción de cocaína plantea desafíos significativos tanto para el país como para la lucha internacional contra el narcotráfico.
