El Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunció que asumirá acciones legales para proteger el proceso de elección de las autoridades judiciales y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) tras la reciente sentencia del TCP que declaró desierta la convocatoria de candidatos en varios departamentos. Esta decisión del TCP afecta los departamentos de Pando, Cochabamba, Santa Cruz, Beni y Tarija, así como el Tribunal Supremo de Justicia en Beni y Pando.
La decisión del TCP generó una inmediata reacción del TSE, que expresó su “disconformidad” ante un fallo que, según la entidad electoral, atenta contra el desarrollo del proceso democrático en Bolivia. “Esta sentencia afecta la integridad del sistema democrático en el país y representa un precedente peligroso para la seguridad jurídica en futuros procesos electorales”, señaló el TSE en un comunicado oficial.
Según el TSE, la medida del TCP vulnera el principio de preclusión, un pilar fundamental del sistema electoral boliviano, al interferir en un proceso que ya estaba en curso y en el que los electores debían tener la posibilidad de elegir a sus autoridades judiciales. La entidad advirtió sobre el impacto de esta decisión, que restringe los derechos colectivos de la población boliviana.
Para el TSE, es indispensable garantizar el derecho al voto de los ciudadanos en la elección de sus representantes judiciales, y se mostró preocupado por las implicaciones que esta sentencia podría tener en el marco de futuras elecciones. “Resguardar el sistema democrático es nuestra prioridad”, afirmó la autoridad electoral.
En línea con esta postura, el TSE anunció que emprenderá acciones legales basadas en la Constitución Política del Estado y el bloque de Constitucionalidad, con el fin de preservar el normal desarrollo de la elección de autoridades judiciales y del TCP.
El actual proceso de selección ha sido conflictivo desde su inicio en la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde la preselección de candidatos generó controversias y protestas, incluyendo amparos constitucionales y acciones populares interpuestas por candidatos rechazados.
Este nuevo fallo ha reavivado las tensiones, ya que los postulantes apartados han vuelto a interponer amparos, argumentando que la convocatoria no se llevó a cabo de manera adecuada. La situación plantea un desafío importante para el TSE en su misión de proteger el proceso electoral y garantizar la estabilidad democrática en Bolivia.
