El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) observó “fragilidad en la acusación” de la Fiscalía de La Paz contra los presuntos responsables por la quema de 66 buses PumaKatari y no agotó la búsqueda de evidencias para identificar a los culpables del hecho que ocurrió entre el 10 y 11 de noviembre de 2019, después de la renuncia de Evo Morales a la Presidencia.
“Llama la atención de GIEI que el caso sea objeto de dos procedimientos distintos que han tenido trámites diversos. La separación de la investigación produce, en general, duplicidad de actividades y fragilidades en la acusación. Además, suele generar situaciones contradictorias, incluso en lo que se refiere a la definición de sanciones”, señala el informe del GIEI presentado por sus autores este martes al presidente Luis Arce.
El referido informe fue dado a conocer este martes y entre sus partes relevantes en torno a este caso señala que hay tres factores que todavía deben ser analizados a profundidad para determinar la autoría del delito. Como antecedente, el informe da cuenta que el 3 de diciembre de 2020, la Fiscalía “emitió una resolución de rechazo de la denuncia contra 21 personas, incluyendo a Jesús Vera, por no haber aportado elementos suficientes para fundar la imputación”.
Los factores señalados fueron considerados en el “rechazo de la denuncia” por parte de la Fiscalía y hacen referencia a que en el proceso todavía hay diligencias que se deben realizar, “como el desdoblamiento de imágenes de 33 DVD extraídos del sistema de cámaras de los patios de los buses, la pericia de triangulación de llamadas de los imputados y la recepción de testimonios considerados muy importantes”, señala GIEI en su informe.
En su momento, el fiscal del caso, Omar Mejillones, explicó que el rechazo de la denuncia se debió a que había actos pendientes de investigación que no permitieron completar las pesquisas, entre ellas la falta de declaraciones de los acusados.
El daño estimado por la Alcaldía sumó los 11.7 millones de bolivianos. Según el informe de la GIEI “la coincidencia de horarios y de métodos en estos incidentes es indicativa de que los actos fueron premeditados, planeados y realizados por una misma organización”.
En base a esta información, el GIEI concluye que la Fiscalía “no ha agotado la etapa de búsqueda de evidencias para resolver la autoría del delito. Asimismo, el GIEI considera que la Fiscalía avanzó en lo que se refiere a la investigación de la materialidad del crimen, pero existen una serie de diligencias que no se han ejecutado hasta ahora, como la obtención de imágenes de La Paz Bus donde se grabó el ataque a los buses en los patios Chasquipampa y Achumani.
“El despliegue y análisis de esas imágenes debería ser una medida inicial de la investigación, en la medida que puede contribuir a esclarecer la autoría del delito”, señala otra parte del informe del GIEI.
El jueves 15 de julio de 2021 se conoció que la Fiscalía de La Paz dispuso el sobreseimiento de tres de los imputados por la quema de los 66 buses PumaKatari durante los conflictos de noviembre de 2019. La medida benefició a Aurelio Quispe Maraza, Nicanor Choque Canaviri, y Miriam Gamboa, quienes fueron señalados como los principales autores de la quema de los motorizados, en los patios de La Paz Bus en Chasquipampa, Achumani y Pampahasi, después de la renuncia de Evo Morales, la noche del 10 de noviembre de 2019.
Sobre el tema el informe del GIEI señala: “En este caso, se constata que procesalmente Jesús Vera Plata ha tenido una solución más favorable con relación a su detención preventiva que los tres imputados detenidos en el contexto de la segunda investigación, dos de los cuales permanecían detenidos en diciembre de 2020. Asimismo, esta estrategia investigativa podría violar el principio de non bis in ídem, pues el propio Jesús Vera fue investigado de modo concomitante en dos expedientes por un mismo hecho”.
El 18 de julio de este 2021, el alcalde Iván Arias alertó que la justicia pretende modificar la versión de la quema de los 66 buses PumaKatari, después que se liberó de la investigación a los presuntos responsables.
“Nos van a decir ahora que un rayo cayó y que los buses se quemaron por obra y gracia del demonio. ¿Cuál va a ser la historia que nos van a contar? Es la historia que van a querer montar, porque son buenísimos para montar historias”, afirmó el alcalde aquella vez.
Las quemas fueron registradas por cámaras de seguridad de los garajes y luego las imágenes fueron entregadas a la Fiscalía de La Paz para que activen la investigación, pero durante ese proceso no hubo avance y la Alcaldía de La Paz reclamó desde el 2020 la inacción de los investigadores al punto que en el caso de Pampahasi, el Ministerio Público no presentó a tiempo mayores indicios como los peritajes.
El principal implicado en el hecho que fue denunciado por la Alcaldía de La Paz es el exdirigente del MAS, Jesús Vera, quien el 22 de noviembre de 2019 fue enviado a prisión tras una audiencia cautelar. Los indicios de prueba de la Fiscalía se sustentaron en publicaciones de Internet, testigos y un informe de la Alcaldía de La Paz, sobre la quema de 64 buses municipales.
A Vera se lo investiga por los delitos de robo agravado, destrucción de bienes del Estado y riqueza nacional, instigación pública a delinquir y asociación delictuosa, en el marco de la quema de los 66 buses PumaKatari, que sucedió entre el 10 y 11 de noviembre de 2019.
En el mes de marzo de 2020 Vera salió de prisión a pesar de que debía permanecer seis meses con la medida cautelar. Sin embargo, luego de 103 días, desde que se emitió la resolución, el exdirigente fue beneficiado con la detención domiciliara sin custodio.
La Alcaldía hizo la solicitud formal para que se revea esa determinación, dado que a Vera se le siguió dos procesos por la quema de los buses, uno es el referido al patio de Villa Salomé en Pampahasi y el otro al de Chasquipampa. De los dos casos, uno sigue en curso del otro proceso fue sobreseído.
El GIEI observó estos dos procedimientos distintos. Según su análisis, la separación produce “duplicidad de actividades y fragilidades en la acusación”. De estos dos procesos, según el grupo, Vera se favoreció con la detención preventiva del primer caso en relación a los tres imputados en el contexto de la segunda investigación. “dos de los cuales permanecían detenidos en diciembre de 2020”.
Inicialmente, los buses quemados ascendieron a 64 y correspondían a los patios de las rutas Achumani y Chasquipampa. En el patrio de Villa Salomé, que también estaba en la mira de grupos vandálicos, se logró retirar los buses a tiempo.
Fue en este patio donde se identificó la presencia de Vera, motivo por el cual la Alcaldía lo acusó formalmente. La suma total de unidades quemadas llegó a 66 después que de dos buses, por el daño que tenían, no podía ser sometido a arreglos.
