En medio de la creciente tensión política y social que atraviesa Bolivia, el presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral, Juan Del Granado, cerró filas contra la propuesta de convocar un referéndum revocatorio extraordinario para el presidente, vicepresidente y legisladores, argumentando que la iniciativa carece de sustento constitucional y no puede aplicarse en las actuales circunstancias.
La declaración surge luego de que el diputado Carlos Alarcón planteara acudir a las urnas como una salida a la crisis generada por los bloqueos y las movilizaciones que afectan a distintas regiones del país. Sin embargo, Del Granado sostuvo que cualquier modificación de los términos del mandato constitucional debe respetar estrictamente los procedimientos establecidos en la Carta Magna.
“Un referéndum que modifique los términos del periodo constitucional solamente puede convocarse después de la mitad del periodo constitucional. Tenemos solamente seis o siete meses de gestión”, afirmó la autoridad legislativa, descartando la viabilidad inmediata de la propuesta.
El legislador explicó que la iniciativa requiere el cumplimiento de una serie de condiciones jurídicas que actualmente no existen. En ese sentido, advirtió que cualquier intento de alterar el calendario constitucional sin apego a la normativa vigente podría generar mayores niveles de incertidumbre institucional en un momento particularmente delicado para el país.
Frente a este escenario, Del Granado insistió en que la única salida responsable pasa por la apertura inmediata de espacios de concertación. “Tenemos que lograr la inmediata apertura de mesas de diálogo”, manifestó, señalando que la convocatoria debe involucrar al Gobierno, a la Central Obrera Boliviana, organizaciones campesinas y representantes de la sociedad civil.
Asimismo, expresó la disposición de la Comisión de Constitución para facilitar acercamientos entre las partes y contribuir a la construcción de consensos que permitan reducir la conflictividad. “Ofrecemos nuestra participación para abrir los caminos del diálogo que sean convenientes”, sostuvo, al advertir que la confrontación prolongada está profundizando el desgaste social y económico.
Del Granado también rechazó las demandas de algunos sectores que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz, señalando que estas solicitudes se encuentran fuera del marco constitucional. “Estamos en absoluto desacuerdo con pedidos que vayan en contra de lo que manda la Constitución”, afirmó, aunque reconoció que el Ejecutivo debe responder con soluciones concretas a las demandas ciudadanas.
Finalmente, el presidente de la Comisión expresó su preocupación por la creciente escasez de alimentos, combustibles, medicamentos e insumos médicos que afecta especialmente a La Paz y otras regiones del país. “No es con medidas de hecho ni afectando al conjunto de la población que vamos a lograr las legítimas reivindicaciones”, señaló, al tiempo de exhortar tanto a los sectores movilizados como al Gobierno a encontrar una salida negociada que permita restablecer la normalidad y evitar que la crisis derive en consecuencias aún más graves para los bolivianos.
